SEBASTIÁN PICARDO
GONZÁLEZ / ANDRÉS TISCORNIA ALGORTA - ¿LUZ ROJA PARA EL ARBITRAJE
EN MATERIA LABORAL?
REFLEXIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE
(CON ÉNFASIS EN EL CASO “UBER”). https://doi.org/10.47274/DERUM/40.2
SEBASTIÁN PICARDO GONZÁLEZ
Aspirante a Profesor de Derecho Procesal en la
Universidad de la República
(Uruguay).
spicardo@guyer.com.uy ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8388-9452
ANDRÉS TISCORNIA ALGORTA
Aspirante a Profesor de Derecho Procesal en la
Universidad de la República
(Uruguay).
andres.tiscornia@dentons.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5563-0489
Recibido: 15/09/2021
- Aceptado: 11/11/2021
Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo Picardo González, S. y Tiscornia Algorta, A. (2021). ¿Luz roja para el arbitraje
en materia laboral?
Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente
(con énfasis en el caso “UBER”).
Revista de Derecho, 20(40),
15-42. https://doi.org/10.47274/DERUM/40.2
¿Luz roja para el arbitraje en materia laboral? 15
Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente (con énfasis en el caso “UBER”).
Resumen: En este trabajo,
nos proponemos analizar –desde una perspectiva procesal- la situación actual del arbitraje en materia laboral en Uruguay. A estos efectos,
optamos por realizar
un análisis comparativo entre los diferentes fallos jurisprudenciales recientes de
algunos órganos jurisdiccionales de Uruguay.
Analizamos también, la situación del arbitraje laboral en otras partes del mundo, que entendemos relevantes
y de gran utilidad para contextualizar la temática analizada.
Palabras
clave: Proceso, arbitraje,
derecho laboral, conflictos individuales de trabajo, principios del derecho del trabajo, acceso
a la justicia.
Drawbacks for arbitration labour matters?
Some considerations regarding recent judgements (with emphasis on the “UBER” case).
Abstract: In this paper, we
propose to analyse -from a procedural perspective- the current situation of labour arbitration in Uruguay. For this purpose,
we have chosen
to carry out a comparative analysis of the different recent
jurisprudential rulings of some courts
in Uruguay. We also analyse the situation
of labour arbitration in other parts of the world, which we consider relevant and useful to contextualise the subject analysed.
Key Words: Procedure, arbitration, labour law, individual labour disputes, principles of labour law, access to justice.
16
Luz vermelha para arbitragem trabalhista?
Reflexões sobre jurisprudência recente (com destaque
para o caso “UBER”).
Resumo: Neste trabalho nos propomos analisar, desde uma perspectiva processual, a situação atual da arbitragem em
matéria trabalhista no Uruguai. Para estes efeitos,
optamos por realizar uma análise comparativa entre os diferentes acórdãos jurisprudenciais recentes de alguns órgãos jurisdicionais do Uruguai. Analisamos, também, a situação da arbitragem trabalhista em outras partes do
mundo, que entendemos relevantes
e de grande utilidade para contextualizar a temática analisada.
Palavras-chave: Processo, arbitragem,
direito trabalhista, conflitos individuais de trabalho, princípios do direito do trabalho, acesso à justiça.
1. Generalidades
El arbitraje es un método de resolución de conflictos por heterocomposición -privado-. Dentro de los límites inherentes a su calidad de tercero
imparcial y de acuerdo a las facultades conferidas por las partes,
la función del Tribunal arbitral
consiste en resolver
las disputas que fueron sometidas a su decisión (en sustitución del Juez, que por principio de “Juez natural” asumiría
competencia), emitiendo así, un fallo
de carácter vinculante.
En los últimos
años, en base a una política de Estado orientada a favorecer la promoción del arbitraje internacional en
Uruguay,1 el volumen de litigios arbitrales se ha incrementado –en forma moderada-2,
pese a la negación y/o falta de receptividad
que manifiestan actualmente, algunos Tribunales judiciales de nuestro país.
En efecto, los
Tribunales judiciales uruguayos, han entendido desde larga data, en función
del carácter “alternativo” del arbitraje con relación a la justicia
estatal, que; ante
la duda sobre la voluntad de las partes, quién debe asumir competencia
para conocer en el asunto es el Juez natural
y no el árbitro.3
Esta ha sido la
interpretación predominante respecto al alcance material y personal de la cláusula
arbitral, por parte de los Tribunales judiciales de nuestro país. Conforme se verá en lo sucesivo, esta posición es
también adoptada por el TAT 1° en el caso que se
comenta (sentencia definitiva de segunda instancia N°12-111/2020). Se
advierte la particularidad, de que en el caso, no se discute
el alcance de la cláusula
arbitral, sino su validez, por tratarse de una cláusula
arbitral leonina y la naturaleza “no arbitrable” de la
materia en que se enmarca la disputa; “conflictos
individuales de trabajo”.4 17
Sin embargo,
-y no obstante la faceta negativa anunciada-, luego de un largo tiempo
sin una regulación de carácter vinculante en materia de arbitraje internacional (debiendo recurrir, por ej. a la Ley Modelo CNUDMI
– “Soft law”- para colmar la ausencia de
1
La intención de Uruguay en promover el arbitraje, puede verse en la exposición de motivos del
Proyecto de Ley que fuera ulteriormente
presentado al parlamento el día 14 de setiembre del año 2015 para la sanción de
la LACI. En dicho proyecto, se dejó expresa constancia de que: “nuestro
país ha tenido invariablemente una posición favorable a la institución del
arbitraje tanto interno como
internacional” (cf. p. 3 del Proyecto de Ley) Seguidamente, expresó el
Estado Uruguayo en los motivos del Proyecto de Ley que: “…la aprobación de la ley modelo se revela, pues,
como necesaria, sería
acorde a esa postura tradicional de la República con relación al arbitraje, asumida reiteradamente en el seno de la comunidad internacional y vendría a completar, en línea con los compromisos internacionales antes referidos, nuestra legislación interna,
dándose así un apoyo ineludible para el desarrollo del Uruguay como sede de arbitrajes internacionales (cf. p.
4 del proyecto de Ley).
2
Al respecto, compartimos las palabras de los Dres. Santiago Pereira
Campos y Valeria
Seines, en cuanto a que: “en el contexto
latinoamericano, la utilización del arbitraje en Uruguay ha sido y continúa siendo
proporcionalmente mucho menor
que en países como Brasil,
Chile, Colombia o Perú, por ejemplo. Ello se debe, fundamentalmente, al gran prestigio
de que goza el Poder Judicial uruguayo
y a que, dada la reforma de su sistema de justicia
civil (en sentido amplio) operada en 1989, los procesos tienen una duración
razonable. Ello ha generado confianza
en los operadores a la hora de recurrir al sistema judicial, no obstante, puede
advertirse, fundamentalmente en los últimos cinco años, un crecimiento
moderado de los casos en que se recurre al arbitraje” (PEREIRA CAMPOS & SEINES, 2019).
3
Sobre la cuestión,
han expresado nuestros Tribunales judiciales que: “Como lo ha sostenido el homólogo de 6º Turno
“cabe partir de un criterio
restrictivo de la interpretación de la cláusula
arbitral atributiva de competencia. Porque,
tratándose de una jurisdicción excepcional que impide el conocimiento de los Tribunales pertenecientes a la Justicia ordinaria, oficial, corresponde admitir el desplazamiento de competencia
únicamente en los casos clara y específicamente pactados (T.A.C. 6º Sent. 165/2009 y otras allí citadas)”. Cf. Scia. Nº 255/2012, TAC 4º
T, Dres. Eduardo Julio TURELL ARAQUISTAIN, Dra. Ana Maria MAGGI SILVA, Dra.
Graciela Susana GATTI SANTANA. Véanse
también, las sentencias del mismo Tribunal Nº 19/97;
las sentencias del TAC 2º Nº 87/01, LJU 14.348, y la
publicada en RUDP 3/89, c. 428, p. 377; sentencia del TAC
5º, RUDP 3/89, c. 431, p. 377).
4
Aclaramos desde ya, que no es objeto de este trabajo
pronunciarnos sobre el arbitraje en los “conflictos colectivos del trabajo”. Sin perjuicio de ello, muchas de las
consideraciones efectuadas en el cuerpo de esta obra en cuanto a los conflictos
individuales del trabajo, son
enteramente trasladables a los primeros. Máxime, teniendo en cuenta que el
artículo 472 del CGP (regulación positiva
del proceso arbitral doméstico), en cuanto a su ámbito de aplicación material,
comprende a “toda contienda individual o colectiva…” y el artículo
57 de la Constitución de la República, en cuanto establece que: “La ley promoverá
la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas
para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo,
la creación de tribunales de conciliación y Arbitraje.”
regulación. En adelante; la “Ley Modelo”-), el día 13 de julio de 2018, se sancionó
la Ley N° 19.636 de Arbitraje Comercial
Internacional (en adelante “la LACI”).
Con la LACI,
Uruguay ofrece ahora un marco jurídico adecuado y de carácter vinculante, que regula múltiples aspectos del arbitraje comercial internacional, en armonía con las
diversas regulaciones existentes a nivel regional.
De
acuerdo al artículo 1.7 de la
LACI, se mantiene un criterio amplio del término “comercial”, siguiendo
la tendencia internacional actual y las disposiciones de la Ley Modelo. La LACI no se limita al estricto concepto de; “acto de comercio”5, sino que permite
el ingreso de una gran variedad de materias, favoreciendo así el incremento de arbitrajes
internacionales con Sede en nuestro país.
La regulación actual –de fuente
legal- y el desarrollo global
de la actividad comercial internacional, fueron factores
determinantes para que el arbitraje en Uruguay, fuera adquiriendo cada vez mayor protagonismo y difusión desde el punto de vista académico
y profesional.
El crecimiento del arbitraje en nuestro país, ha generado que se presenten con mayor frecuencia, problemáticas que no son
nuevas, pero que motivan diferentes posiciones
dogmáticas y jurisprudenciales. Estas posiciones, han variado sucesivamente en función de las distintas circunstancias de tiempo
y espacio en las que se suscitan, y
-principalmente- por la política
procesal asumida por nuestros Tribunales judiciales frente al arbitraje.
18 El arbitraje en materia laboral, no escapa a esta realidad.
La temática que se analiza en este trabajo, ha sido objeto de diversas discusiones dogmáticas y
de un constante vaivén jurisprudencial, que no termina
por consolidar una posición univoca
frente a la posibilidad de acudir al arbitraje para resolver los conflictos individuales de trabajo.
De
acuerdo al escenario
planteado, en este trabajo nos proponemos analizar la posición adoptada por el TAT 1°, en un caso que ha adquirido una connotación mediática especial, por la identidad de la empresa
protagonista del conflicto; Uber B.V. (sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos) Uber Technologies Uruguay
S.A. y Rasier Operations B.V. (en adelante: “UBER”).
Asimismo,
analizamos los argumentos del TAT 1°
de acuerdo con el ordenamiento jurídico
uruguayo y -especialmente-, a la luz de la posición de los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia (en adelante: “SCJ”), en la sentencia Nº 596 dictada en el
año 2017. Adelantamos desde ya que, la resolución de la SCJ -según veremos y
sin perjuicio de la posición de los Ministros discordes-, es diametralmente opuesta a la decisión
emitida por el TAT 1° en el caso comentado.
2.
La “materia arbitrable” bajo
la ley procesal uruguaya
De acuerdo al
ordenamiento jurídico uruguayo, el proceso arbitral de carácter doméstico, se encuentra
regulado en las disposiciones de los artículos 472 y siguientes del
5 cf.
art. 5 y concordantes del Código de Comercio uruguayo.
Título VIII del Código General del Proceso (“CGP”).
El arbitraje comercial
internacional en cambio, se regula
actualmente por la LACI.
Empero, cuando
intentamos definir el concepto de “materia
arbitrable” de acuerdo con el ordenamiento jurídico
uruguayo, debemos necesariamente, contemplar las disposiciones legales consagradas expresamente en nuestro C.G.P.
Ello, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 1.7 de la LACI, en cuanto a su alcance
material de aplicación, ya comentado al comienzo.
En este sentido,
de la conjugación armoniosa de los artículos 472 y 475 del CGP, surge cuál es el criterio que el
legislador uruguayo previó para que una materia sea o no arbitrable.
En efecto,
el artículo 472 del CGP regula la cuestión en forma positiva
y en términos amplios, estableciendo que: “toda contienda
individual o colectiva
podrá ser sometida
por las partes a resolución de un tribunal arbitral, salvo expresa
disposición legal en contrario” (el destacado nos corresponde).
A su turno, el art.476 del CGP establece una regulación en forma negativa y en sentido
más estricto, indicando que: “no pueden someterse a proceso arbitral las
cuestiones respecto a las cuales
está prohibida la transacción”6 (el destacado nos corresponde). El tenor
literal de ambos textos
legales es claro.
Los conflictos intersubjetivos que se presentan en el plano de la realidad social
y que, por naturaleza, pueden ser disueltos -extrajudicialmente- o resueltos -judicialmente-, por
los interesados principales realizándose recíprocas
concesiones, también admitirán
su 19
resolución -en el plano
de la realidad jurídica- mediante
arbitraje. Naturalmente, podrá
un Tribunal arbitral conocer sobre la cuestión de fondo planteada, siempre y cuando las partes así lo hayan
estipulado en ejercicio de su autonomía de la voluntad.
En otras palabras,
el C.G.P. regula la arbitrabilidad objetiva, con
carácter general de las materias
que pueden ser sometidas a arbitraje.
Sobre la cuestión, se ha dicho en doctrina que, en principio, se puede someter todo tipo de disputas tanto
a los tribunales arbitrales como a los estatales, siempre
que la materia no sea indisponible. Sin embargo, como advierten algunos
autores, es frecuente
que los diversos ordenamientos jurídicos reserven
la resolución de cierto tipo de disputas,
cuya materia es considerada especialmente “sensible”, a los tribunales estatales (Olivera García
& Jimenez de Aréchaga, 2000, págs.
6-30).
A nuestro juicio, el concepto de “sensibilidad” a que refiere
con acierto la doctrina y que es utilizado en otros ordenamientos
jurídicos, es en puridad, una cuestión de apreciación subjetiva que se contrapone con cualquier definición y sentido de seguridad y certeza jurídica. Por este motivo,
y en virtud de que nuestra ley procesal contiene
dos disposiciones con un
alcance claramente definido, preferimos referirnos a la materia “no arbitrable”, realizando en principio, una interpretación gramatical de las normas
en
6 Para determinar el alcance del término “transacción” debemos acudir,
conforme a las pautas interpretativas del Código Civil, a
lo previsto en el artículo 2147 y siguientes de dicho cuerpo legal, que
establece que: “La transacción es un
contrato por el cual, haciéndose recíprocas concesiones, terminan
los contrayentes un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.
Cualquiera que sea la entidad
del objeto u objetos sobre que verse la transacción,
se requiere para su validez
que conste por acto judicial o por escritura
pública o privada”.
cuestión, evitando así extender su
alcance material u objetivo a conceptos que arrojan mayor ambigüedad.
En este sentido,
-para nosotros y de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico-, será materia “no arbitrable”, únicamente aquella que no sea susceptible de transacción.7
Así, las contiendas de carácter social
–en general, (con la salvedad
de algunas causas
que, si admiten transacción, por ej. algunas causas de Derecho de Familia “patrimonial”8 y
la
que se comenta en este trabajo) y aquellas de carácter infraccional y penal, no adquieren la calidad de “materia arbitrable” por tratarse de cuestiones indisponibles. En estos casos,
aun cuando las partes decidan
de común acuerdo
someter sus disputas
a la jurisdicción arbitral,
la cláusula arbitral será nula, y todo fallo arbitral que resuelva una disputa
de esta naturaleza podrá ser anulado.
Realizada
esta precisión en cuanto al concepto de “materia arbitrable” bajo el
ordenamiento jurídico uruguayo,
veamos a continuación, que ocurre con el arbitraje en materia de Derecho Laboral.
Adelantamos desde ya, que la admisibilidad del arbitraje
en material laboral en Uruguay ha sido –desde
siempre-, objeto de múltiples obstáculos, que fueran ya comentados a nivel dogmático y que, al parecer, permanecen al día de hoy.
En este sentido, suscribimos las palabras del Prof. Santiago Pereira Campos,
en cuanto a que: “respecto a la hipótesis
del arbitraje facultativo existe una marcada
resistencia en nuestro país, y en cuanto al arbitraje obligatorio, siempre ha merecido
la oposición, no sólo de los sindicatos que lo consideran una forma de limitación inconstitucional
20 del
derecho de huelga, sino también de los empleadores que –por otros motivos-
desconfían del fallo de un tercero” (Pereira Campos,
1995, pág. 414).
3. ¿Cuál es el panorama
del arbitraje laboral a nivel internacional?
Conforme señala el
Prof. PEREIRA CAMPOS, S. -en cita a MERINO, S.-, “el arbitraje laboral…, se halla fuertemente limitado por condicionamientos sociopolíticos lo que, a su vez, ha originado
una gran variedad de soluciones en los distintos ordenamientos”. (Pereira
Campos, 1995, pág. 414).
Por ello, en este apartado comenzamos por destacar cuál es la situación del arbitraje en materia laboral
en otras partes
del mundo y particularmente en la región.
7
Al respecto, se ha dicho que: “la transacción en materia laboral es muy
común en nuestro país en los acuerdos que se celebran en el Ministerio de Trabajo y, generalmente, dentro
del acto conciliatorio extrajudicial o judicial
está contenida una transacción” (Plá Rodríguez, 1987).
8
Sobre este punto, se ha dicho en cuanto
al posibilidad de acudir al arbitraje en materia de familia, que: “…resulta necesario desde el principio
efectuar una distinción entre lo que es Derecho
de Familia personal
por un lado y el Derecho de Familia patrimonial por el otro (…) De esta forma, en base a dicha distinción, se observa que en la mayoría de los aspectos
que refieren al Derecho de Familia personal
nos vamos a encontrar
mayormente ante situaciones de materia no arbitrable, dado que la
disponibilidad de derechos es menor. Indisponibilidad que tiene como fundamento los derechos que se buscan
tutelar. No obstante,
lo anterior no significa que en lo referente al Derecho de Familia patrimonial se pueda generalizar en relación con la posibilidad de encontrarnos ante materia arbitrable puesto que no puede establecerse como regla general.
Lo que, si podemos afirmar, es que -sin perjuicio de las circunstancias del
caso concreto- en materia de Derecho de Familia patrimonial, los
conflictos que se generen serán más proclives a ser sometidos a arbitraje” (Theoduloz Duarte, 2019,
pág. 156).
3.1
La situación del arbitraje laboral
en algunos países de Latinoamérica
En la República
Argentina el legislador previó desde el año 1996 una regulación específica del arbitraje en materia
laboral en el Título IX de la Ley N° 24.635 (Ley de Procedimiento laboral). Concretamente, en su artículo 28, reguló la posibilidad de someter los “reclamos
individuales” de trabajo9 a la decisión
de un tribunal arbitral.10 Los artículos sucesivos, regulan el contenido del
compromiso arbitral y demás aspectos procesales del arbitraje. Sin embargo, según lo indica la doctrina, el
arbitraje laboral no tuvo éxito en aquel país.
En razón de las deficiencias que presenta el sistema judicial
de aquel país, la doctrina
entendió necesario fomentar otros mecanismos para resolver los
conflictos de esta naturaleza, dentro de los cuales se encuentra, naturalmente, el arbitraje. Lejos de limitar
las garantías y protecciones del trabajador, -para algunos autores-, el arbitraje se presenta como una herramienta adecuada y acorde
a sus intereses. El objetivo
entonces, debería ser elaborar un sistema arbitral
apropiado para los trabajadores en vez de abandonar el empleo de este método
(Fernandez Arroyo & Vetulli, 2020, pág. 1).
En la República
del Perú, la Ley N° 29.497 (“Nueva Ley Procesal del Trabajo” –en adelante; “NLPT”) regula de manera expresa la posibilidad de resolver las
disputas laborales mediante
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre los cuales
se encuentra el arbitraje.
Un aspecto a destacar, es que el proceso arbitral resulta admisible
-según la sexta disposición complementaria de la NLPT- cuando; (i) “el convenio arbitral
se inserte a la 21
conclusión
de la relación laboral”; y (ii) “adicionalmente, la remuneración mensual percibida
sea,
o haya sido, superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal”. Así entonces,
será posible acudir a arbitraje, siempre que el trabajador perciba
ingresos superiores a lo previsto
en la norma y se pacte resolver
las disputas ante arbitraje. En caso contrario, aun cuando se introduzca una cláusula arbitral
en el contrato de trabajo,
será la justicia ordinaria quien deberá entender
en el asunto (Higa García,
2016, págs. 306-309).
3.2.
La posición de la Suprema Corte de Justicia de Canadá
En la sentencia N°38534 dictada con fecha 26 de junio del corriente
año (2020), la Suprema
Corte de Justicia de Canadá se pronunció
sobre la validez de la cláusula arbitral introducida en el contrato
celebrado entre la empresa UBER y un trabajador.11
Según lo
estipulado en el contrato, cualquier disputa que surgiera entre las partes, sería resuelta
mediante arbitraje con Sede en
Holanda.
En el caso, UBER opuso la excepción de falta jurisdicción que fuera finalmente acogida por el Tribunal en primera instancia. Ello, bajo el
fundamento de que en virtud del principio kompetenz-kompetenz, es el propio Tribunal
arbitral quien debe resolver acerca
de su propia competencia.
9
Cf: Artículo 1º de la Ley Nº24.635
10
El artículo 28 de la Ley Nº24.635
establece que: “Si fracasare la instancia
de conciliación, el conciliador podrá proponer a las partes que sometan
voluntariamente sus discrepancias a
un arbitraje, suscribiendo el
respectivo compromiso arbitral”.
11 La sentencia referenciada podrá encontrarse en: https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/18406/index.do
No obstante, en segunda instancia sostuvo el Tribunal
de Apelaciones que la disputa
podía ser planteada ante las Cortes de Ontario, y que no es posible
acudir al arbitraje para resolver
el asunto, en atención a la desigualdad real de las partes y los altos costos del arbitraje (según lo indicado en la
sentencia, los mismos ascenderían a USD 14.500
sumado a tributos legales y costos
del proceso).
La sentencia dictada por el Tribunal de segunda instancia fue recurrida por UBER. La Suprema Corte de Justicia
de Canadá finalmente resolvió -en base al criterio
empleado en el caso Dell Computer
Corp. v. Union des consommateurs
[2007] y Seidel v. TELUS Communications Inc. [2011]- que la cláusula arbitral es
nula por haber sido introducida en el contrato sin que el actor (trabajador) tuviera poder real de negociación.
Asimismo, sin
desconocer el principio Kompetenz-Kompetenz,
la Suprema Corte de Justicia de Canadá sostuvo
que, pretender en estos casos hacer valer la cláusula
arbitral
-a pesar de los obstáculos materiales
a los cuales debe enfrentarse el trabajador, como la onerosidad del proceso- conllevaría a una denegación de justicia. Vale destacar, que los costos del arbitraje eran
similares a los ingresos anuales del trabajador y desproporcionados con el reclamo
pretendido.
Sin embargo,
advierte la Suprema Corte de Justicia de Canadá, que previamente el trabajador
deberá acreditar que efectivamente no tiene los recursos suficientes para plantear su demanda ante un Tribunal
arbitral y costear los honorarios, tasas y otros gastos correspondientes
al arbitraje.
22 Se agrega en la sentencia que, según el contrato, el trabajador únicamente podría hacer valer sus derechos
mediante arbitraje. Sin embargo, por razones económicas el acceso a este mecanismo
de resolución de disputas se encuentra fuera de su alcance. Así entonces,
sus derechos derivados del contrato celebrado con UBER resultarían inexistentes debido a la imposibilidad material de hacer valerlos en la justicia
oficial ordinaria.
En definitiva, la onerosidad del arbitraje, la falta de poder de negociación del trabajador y la imposibilidad material de hacer valer sus derechos
en la justicia oficial, por haber suscrito
una cláusula arbitral leonina, motivó a que la Suprema Corte de Justicia de Canadá declarara nula la cláusula arbitral
por ser contraria a las políticas públicas de
aquel país.
3.3. Breves referencias a la situación del arbitraje laboral en algunos países de Europa
En algunos
países de Europa,
existe una tendencia negativa respecto a la aceptación del arbitraje para resolver
los conflictos individuales de trabajo. A modo de ejemplo, la Corte de Casación francesa se ha pronunciado sobre la cuestión, señalando que son nulos
los
convenios arbitrales que atribuyen jurisdicción a un Tribunal
arbitral, en virtud
de la inarbitrabilidad de la materia
laboral.12 En sentido
similar, se han pronunciado algunos
Tribunales estatales de Suiza (Heredia Cervantes, 2010, pág. 2).
12 Ver sentencias de
la Corte de Casación francesa de fecha 16 de febrero y 4 de mayo de 1999,
disponibles en: Revista Critica de Derecho Internacional Privado Nº4 Año 1999
(España).
En España, el
legislador excluyó expresamente del ámbito de aplicación de la Ley N°60/2013 (Ley de Arbitraje de España), el
arbitraje en materia laboral.13 Sobre el particular se ha dicho en doctrina que: “(…) existen dos razones que han justificado
dicha exclusión; de un lado, la especialidad de la materia
laboral esencialmente en todo lo que refiere
a los derechos que la legislación laboral
otorga a los trabajadores respecto
del empleador y, de otro,
la necesidad que las resoluciones a los conflictos individuales y
colectivos sean, en la medida de lo posible, lo más rápidas y ejecutivas” (Galindo Gil, pág. 10).
4. El precedente de la suprema corte
de justicia uruguaya
Contrariamente a lo expresado por el TAT 1° en el fallo jurisprudencial que se comenta, la SCJ en la sentencia N° 596/2017, confirmó
la arbitrabilidad objetiva de los conflictos individuales de trabajo.
Los Sres. Ministros Jorge Chediak, Felipe Hounie y Elena Martínez, que conformaron la mayoría debidamente integrada de la SCJ, formularon los argumentos que motivaron el fallo, en base a la regulación
general establecida en el CGP (cf. arts. 472, 473.1, 475.1 y 476
del CGP).
De acuerdo
a
dicho cuerpo legal, la SCJ –en mayoría- expresó
que: “el proceso arbitral
resulta admisible en “... toda contienda individual o colectiva...” (art. 472), pudiéndose pactar la cláusula arbitral
en cualquier “...
contrato o en acto posterior...” (art. 473) y únicamente se
encuentra vedada la posibilidad de recurrir al proceso arbitral cuando se trata de cuestiones respecto 23
a las cuales “... está prohibida
la transacción” (art. 476) o exista “... expresa disposición
legal en contrario. ” (art. 472).
Según la posición de la SCJ, será inadmisible el arbitraje únicamente en las siguientes hipótesis: (i) cuando
el asunto no admite transacción; o (ii) cuando existe expresa disposición legal en
contrario.
Al respecto, en
comentario a dicha sentencia, señalaron los Dres. Olivera y Saravia que, a juicio de la SCJ “en el caso de conflictos individuales de
trabajo, no se verifica ninguno de
los supuestos en los cuales no es posible establecer una cláusula compromisoria”
(Olivera Rangel &
Saravia, 2018, pág. 97). 14
En otro orden, en
cuanto a los principios especiales del Derecho del Trabajo y en particular, el Derecho Procesal Laboral,
la SCJ expresó que: “el carácter
imperativo, la indisponibilidad y los principios que gobiernan el derecho del trabajo, tampoco resulta incompatible con el
proceso arbitral”, regulado en los artículos 1, 30 y 31 de la Ley N°
18.572.
La SCJ también analizó
la relación del arbitraje con el principio de irrenunciabilidad, concluyendo que, el arbitraje
no implica la renuncia del trabajador a la tutela
de las
13
El artículo 1.4 de la Ley de Arbitraje española, establece, bajo el acápite “ámbito de aplicación”, lo siguiente: “Quedan excluidos del ámbito de
aplicación de esta ley los arbitrajes laborales”.
14
Sobre el particular, señala el Prof.
Garmendia, M. que: “Tal aserto se
ve robustecido a partir de que el Derecho del Trabajo, como disciplina jurídica con un amplio componente de negociación, no ha descartado la pertinencia de los mecanismos alternativos para solucionar los conflictos de derecho, aun cuando, para algunos autores,
habría de acotar su alcance a los límites que resulten compatibles con su
propia esencia protectora” (Garmendia, 1999, pág. 599).
normas laborales y a los principios –sustantivos y procesales- aplicables, en tanto “los árbitros
estarán indefectiblemente sujetos a dicho
marco legal”.
Adicionalmente,
señala la SCJ que no existe disposición legal alguna que prohíba someter
los conflictos individuales de trabajo a la decisión
de un tribunal arbitral. Para la SCJ, el artículo
2 de la Ley N° 18.572 establece
cuales son los Tribunales competentes, pero ello no implica una intención del legislador de impedir el arbitraje. Se trata de una norma atributiva de competencia, cuya
única finalidad es distribuir la competencia de los tribunales judiciales. Empero, ello no es óbice
para someter el conflicto a la decisión
de un tribunal arbitral.
Finalmente, sobre la imposibilidad de acudir al arbitraje en virtud de que la ley N°
18.572 –de carácter especial- no lo prevé expresamente como un mecanismo de resolución de “conflictos
individuales de trabajo”, a criterio de la SCJ, este argumento es más efectista
que jurídicamente acertado
(Olivera Rangel & Saravia, 2018).
5. El caso “UBER”, tramitado
ante el juzgado letrado de trabajo de la capital de 6° turno.15
El caso se enmarca
en un conflicto individual de trabajo tramitado –en primera instancia- ante el Juzgado
Letrado de Trabajo
de la Capital de 6° Turno (en adelante; “el
24 Tribunal de Primera Instancia”). El trabajador promovió demanda laboral contra UBER reclamando diversos rubros
de naturaleza salarial.
En cuanto a los argumentos de fondo, el trabajador fundó la existencia de una relación laboral, en el hecho de que la demandada opera como
intermediario en la “provisión de mano de obra o trabajo o de sus choferes
para satisfacer las necesidades de transporte o de sus clientes o usuarios”.
Por su parte, UBER
sostuvo que no existe entre las partes un vínculo de trabajo subordinado sino un contrato de naturaleza
comercial, mediante el cual la empresa brinda un servicio de tecnología.
En lo que nos
interesa (los aspectos formales), la parte UBER planteó como defensa, la excepción de falta de jurisdicción e incompetencia de la justicia oficial, por existir en el contrato
de trabajo celebrado entre el trabajador y la empresa
demandada, una cláusula
arbitral. En concreto, UBER argumentó en su escrito de contestación de demanda que, las
partes acordaron resolver
cualquier controversia de acuerdo
a lo previsto
en la cláusula 14 del Contrato, bajo el nombre
de “Legislación aplicable” el “Arbitraje” como medio para
dirimir los conflictos que se plantearon entre las partes.
UBER argumentó
que, en virtud del contrato celebrado entre las partes, el conflicto debía ser resuelto
mediante arbitraje con Sede en Ámsterdam. Invocó a estos efectos, la reciente jurisprudencia de la SCJ que fuera comentada en el apartado
que antecede.
15 Órgano jurisdiccional unipersonal integrado por la Juez Letrado, Dra. Julia Rodríguez
Mederos.
El Tribunal
de Primera Instancia, rechazó el excepcionamiento planteado
por UBER, asumiendo competencia en el caso e ingresando a analizar el fondo del asunto, en función de los
siguientes argumentos;
• Los Jueces Letrados de Trabajo son los que deben
entender en los conflictos individuales
de trabajo por su especialidad y la autonomía del Derecho Procesal Laboral;
• La garantía del acceso a la justicia del Estado como derecho humano fundamental, que viene a completar el panorama protector
respecto del trabajador, establecido en el art. 53 de la Constitución de la
República;
• Los conflictos individuales de trabajo a los que refiere el art. 2 de la ley N° 18.572 no se definen por la naturaleza dependiente o independiente del servicio prestado,
sino por los sujetos interesados y los intereses en juego. En consecuencia, el debate acerca
de la naturaleza del vínculo
que se adiciona a la jurisdicción aplicable, no resulta obstáculo para la aplicación de la disposición
citada. Se expresa en la sentencia
que: “Basta que se trate de un conflicto
individual sobre materia laboral para que el proceso laboral
autónomo desplace la aplicabilidad del derecho procesal
común...”;
• No corresponde integrar la solución legal con el CGP, por cuanto existe una expresa previsión legal que regula la cuestión (art. 2 de la ley N°
18.572). Aún en el caso de que se entendiera que existe un vacío legal,
la integración no podría realizarse en base a las reglas de los arts. 472 y ss. del CGP en tanto se enfrentan
con los
principios de protección e irrenunciabilidad que edifican el Derecho del Trabajo 25
(art. 31 ley N° 18.572)”;
• Los procesos y reglas de procedimiento previstas
por la ley N° 18.572 y su modificativa, no dejan espacio para la libertad de las partes a los efectos de convenir el procedimiento conforme
surge de su constante tenor imperativo, y que;
• A pesar de que la Recomendación de OIT número 92
admite el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos individuales de trabajo, la regla cede ante la existencia
de una norma interna más favorable representada por el derecho interno
que garantiza la jurisdicción del Estado.
Habiendo rechazado
las excepciones opuestas, el Tribunal de Primera Instancia condenó a la empresa UBER, a abonarle a la parte actora, los rubros laborales reclamados con el alance desarrollado en la sentencia. Asimismo, se dispuso como condena de futuro, abonar los rubros acogidos, mientras permanezca incambiado el relacionamiento laboral entre
las partes.
La empresa UBER,
interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, asumiendo competencia en segunda instancia
el TAT1°, pronunciándose sobre los agravios
planteados en el recurso. En sentencia N° 12-111/2020, el TAT 1° confirmó la decisión
de primera instancia. En
concreto, el dispositivo de la sentencia que se comenta,
establece que: “…la Sala integrada desestima el
recurso de apelación confirmando la decisión
de primera instancia en cuanto entendió inadmisible el arbitraje en el
ordenamiento nacional como
instrumento de solución de conflictos individuales de trabajo” (el destacado
nos corresponde).
6.
Los fundamentos de la resolución del TAT 1°
Se analizan
en este capítulo,
los principales fundamentos utilizados por el TAT 1° en la sentencia comentada, a saber; i) “el derecho
humano de acceso
efectivo a la jurisdicción de la justicia
del Estado” y su carácter
“irrenunciable”; ii) “el arbitraje supone la exclusión de las garantías de la justicia estatal”; iii) “la
autonomía del Derecho del Trabajo” –primacía de la ley especial sobre la ley general-, y; iv) el modelo de contrato de trabajo de UBER, con una cláusula arbitral leonina.
Una cuestión a destacar, es que muchos de los razonamientos jurídicos
expuestos por el TAT 1º, ya fueran
esgrimidos en el año 2013 por este mismo Tribunal (con integración parcialmente diferente)16, en la
Sentencia Nº 12-448/2013.17 En la
sentencia que comentamos, el TAT 1º
mantuvo y reafirmó la misma postura sostenida hace ya varios años.
Analizamos
también, algunos fundamentos expresados por el Tribunal de Primera Instancia, que decidimos calificar a efectos de establecer un orden lógico en las temáticas analizadas, como: “argumentos adicionales”. El motivo de su análisis, obedece
a que dichos
argumentos, fueron ulteriormente confirmados íntegramente por el TAT 1º en la sentencia de segunda instancia que se comenta.
6.1. La posición de los Ministros que integran
la mayoría del TAT 1º.
26
En el presente sub-apartado se verán los principales argumentos en que se fundaron
los Sres. Ministros;
Dres. Rosina Rossi, Julio Posada y Lina Fernández Lembo, quienes conformaron la mayoría para el dictado de
la sentencia de segunda instancia y en virtud
de los cuales, se confirmó la resolución judicial de primera instancia, en
cuanto al rechazo de la excepción de
falta de jurisdicción de la justicia ordinaria deducida por la empresa
UBER.
Sin perjuicio de
las coincidencias o discrepancias que puedan surgir al respecto de la postura asumida por los Sres. Ministros que integran la mayoría y/o respecto de la posición
de la Ministro discorde, los argumentos ensayados
en la sentencia -todos- han sido
debidamente fundados, en base a silogismos fácticos y jurídicos coherentes, con recepción
dogmática y jurisprudencial.
La lectura del
capítulo “Considerando” de la
sentencia, permite apreciar que los argumentos
ensayados por los Sres. Ministros que integran la
mayoría, son conjeturas extraídas
en base a una interpretación hermenéutica del ordenamiento jurídico uruguayo en general,
de fuente interna y
supranacional.
16
La integración del TAT 1º en el año 2013, fue conformada por los Dres.
Doris Perla Morales,
María Rosina Rossi,
Julio Posada (la sentencia referida
fue objeto de discordia
parcial conformada por la
Dra. Raquel Landeira).
17
En dicho fallo,
el TAT 1º, expresó que: “en el ordenamiento nacional el acceso
a la justicia del Estado
constituye un derecho
humano fundamental blindado
desde su fuente de reconocimiento en el bloque de constitucionalidad de los derechos
humanos (art. 8 del Pacto de San José
de Costa Rica que se integra por el
art. 72 de la Constitución; Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de
las personas en condición de
vulnerabilidad, recogida en Acordada 7647 de la Suprema Corte de Justicia)”
(cf. SCIA. Nº 12-448/2013, TAT 1º, disponible en:
Base de Jurisprudencia Nacional (BJN).
i) El acceso
a la justicia “estatal” como un derecho
humano fundamental e irrenunciable, integrante
del bloque de constitucionalidad.
Sostuvo
el TAT1º en la sentencia que se comenta, que el Derecho del Trabajo, tutela un bien jurídico fundamental, que, por naturaleza, adquiere el carácter de “derecho humano”. En consecuencia, en palabras del TAT 1º; “el lugar desde donde se debe juzgar un
conflicto sobre trabajo
realizado por una persona es el Derecho de los Derechos Humanos.”
Los Sres. Ministros que integran la mayoría, señalan en la sentencia
comentada, que: “el derecho
de acceso a la justicia
constituye un derecho
del cuerpo iuris del Derecho
de los Derechos Humanos que opera como garantía de efectiva realización de los derechos
humanos...”. Concluyendo
que: “El derecho de acceso a la justicia del Estado es irrenunciable (el destacado
nos corresponde).
La postura
del TAT1º se fundamenta en múltiples disposiciones de fuente supranacional. En particular, los Sres. Ministros respaldan su posición
en lo establecido en; a) los arts. 8 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);
b) el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; c) las
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, recogida
en Acordada 7647 de la Suprema Corte de Justicia
(en adelante; “Las Reglas
de Brasilia”) y; d) el
art. 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
A pesar de
tratarse de una sentencia fundada, diferimos en la interpretación que realiza
el TAT 1° y las conclusiones arribadas.
Para nosotros, todas estas disposiciones
consagran el “acceso a la justicia” como derecho humano fundamental e inherente a la 27
personalidad humana que, por naturaleza es irrenunciable, pero ninguna de ellas impide
que se pacte arbitraje para la resolución de conflictos individuales de trabajo. Veamos:
• La Convención Americana
de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica).
i) El artículo 8 del Pacto
de San José de Costa Rica, establece –en lo medular- que:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (el destacado y subrayado nos corresponde).
Lo primero que hay
que destacar, es que los términos de; “tribunal
competente, independiente e imparcial”
(resaltado), no es exclusivo de la justicia oficial. Tampoco la cualidad de que la competencia de dicho tribunal sea “establecido con anterioridad por ley”. En efecto, si consideramos la regulación
establecida con carácter general en el CGP, es
claro que el legislador autoriza a las partes la atribución de
competencia a un tribunal arbitral,
en sustitución del Juez natural. La jurisdicción arbitral, es reconocida por nuestra
ley procesal y por el constituyente (cf. arts.
6 y 57 de la Carta).
Lo segundo a
destacar, es que el contenido de la disposición refiere con un criterio amplio,
a todas las materias –sin excepción o distinciones entre ellas- (subrayado). Ello reafirma
nuestra interpretación, por cuanto si se entendiera que el derecho de “acceso a la justicia” consagrado en la norma, alude exclusivamente a la justicia estatal como derecho
“irrenunciable” –y no a la
justicia con carácter general; pública y privada-, dejaríamos por fuera del arbitraje, también
otras cuestiones por ej. de naturaleza civil y comercial.
En otras palabras,
bajo el criterio sustentado por el TAT 1°, podríamos arribar a la conclusión de que, en ninguna de las hipótesis consagradas en la
norma invocada, se podría
renunciar a la justicia estatal
para acudir al arbitraje en sustitución de la primera.
Así entonces, el arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos, perdería
todo sentido.
A nuestro juicio, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica,
consagra el derecho
al acceso a la justicia
en forma general,
del mismo modo que lo hace la Constitución de la República (cf. art. 12), en base al principio
de “Universalidad de acceso
al proceso”18 y no el “derecho al acceso
de la justicia del Estado”, en términos estrictos
como lo propone
el TAT 1°. Entendemos, que el acceso a la justicia arbitral,
también se vería comprendido bajo esta protección
de carácter supranacional, independientemente de la materia que se trate.
ii) El artículo 25.1 del Pacto de San José de Costa
Rica, establece bajo el
acápite “Protección Judicial” lo siguiente:
“Toda persona
tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (el destacado nos corresponde).
Una lectura
superficial de la norma, nos llevaría a concluir
–erróneamente-, por la terminología empleada
en su acápite (“protección
judicial”), que la disposición se vincula
28 -únicamente- con la justicia oficial, propia del Poder Judicial. Sin embargo, su contenido tiene más bien un sentido general y abarcativo, que nos permite ampliar el alcance conceptual de “justicia” que lo subyace,
a cualquier otro mecanismo de administración
de justicia, no necesariamente público,
sino también privado.
En el fondo, la norma tiene un contenido similar al art. 8 mencionado precedentemente, con el agregado y énfasis especial, de la celeridad en la
administración de justicia. Por cierto,
este aspecto es un punto favorable al arbitraje con relación a la justicia
oficial, si consideramos la estructura general de los procesos ordinarios (en el marco del CGP). En el caso de los procesos laborales (bajo la ley procesal uruguaya) y particularmente el proceso abreviado caracterizado por su rapidez,
esta ventaja no se vería tan ostensiblemente,
aun cuando en el arbitraje las partes pueden pactar la estructura
procedimental y los tiempos aproximados del proceso.
• Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia
de las personas en condición de vulnerabilidad –recogida en la acordada
7647 de la SCJ-.
Particular mención
merece las Reglas
de Brasilia, que fueran también
invocadas –en forma
general- por el TAT 1º, como fundamento de la sentencia
comentada.
Al respecto,
en la “Sección 5ª”, bajo el acápite: “Medios alternativos de resolución de conflictos”, las Reglas
de Brasilia establecen en su artículo
43, que: “Se impulsarán las
18 Sobre este principio señala el Prof. Gabriel Valentin que: “…toda
persona tiene derecho a acceder a un órgano jurisdiccional para la tutela de sus derechos subjetivos e
intereses legítimos, cuando se afirma que estos derechos o intereses fueron
desconocidos o violados. En definitiva, es el derecho
que tiene cualquier
persona de acceder
al tribunal para la eliminación de su insatisfacción jurídica. Este principio
tiene dos dimensiones: la
universalidad del acceso en sentido subjetivo (todas las personas pueden
acceder al tribunal) y en sentido objetivo (todas las pretensiones
jurídicamente posibles pueden ser
propuestas al tribunal)” (Valentín,
2017).
formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del
proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal,
pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos
de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar
el funcionamiento de los servicios formales de justicia” (el destacado nos corresponde).
Seguidamente, el
artículo 44 de las Reglas de Brasilia establece que: “En todo caso, antes de
iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se
tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente
si
se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la
resolución del conflicto.”
El espíritu de las
Reglas de Brasilia es claro. Se procura no limitar el derecho de “acceso a la justicia”, únicamente a la estatal, sino ampliar el elenco de mecanismos de resolución y disolución de conflictos
(por autocomposición y heterocomposición), considerando especialmente la situación
de vulnerabilidad de los sujetos
intervinientes. Quedará
entonces, sujeto a la voluntad de las partes, acudir a la justicia estatal o a
la justicia privada, para resolver
sus conflictos y alcanzar la satisfacción jurídica.
Empero, limitar el acceso a
la justicia, únicamente a la proveniente del Estado, calificado como “irrenunciable”, -entendemos- es perjudicial para cualquier justiciable y no se ajusta a la
normativa supranacional aprobada
por nuestro país. 29
• La Declaración Universal de Derechos Humanos.
El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que: “Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación
contra ella en materia penal.”
La norma transcripta no merece un mayor análisis.
No vemos aquí una limitación
–mucho menos una prohibición- para
acudir al arbitraje a los efectos de resolver los conflictos individuales de trabajo. En concreto, la norma
consagra con carácter general y sin distinción, el “acceso a la justicia” como derecho humano
fundamental. Sobre el particular, nos remitimos “breviatis causae”, a
las consideraciones ya efectuadas precedentemente.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
El artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que: “Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo,
aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban
en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado, decidirá
sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso” (el destacado nos corresponde).
La norma en
cuestión tampoco constituye un obstáculo para el arbitraje. Por el contrario, se destaca una clara disyuntiva que amplía el elenco de mecanismos “oficiales” y alternativos posibles para alcanzar la
satisfacción jurídica, siempre que se encuentre prevista en el sistema legal del Estado. Como dijimos, el
proceso arbitral se encuentra expresamente regulado en el CGP (arbitraje doméstico), en la LACI (arbitraje comercial internacional), y también es reconocido en la
Constitución de la República.
De acuerdo
al
escenario planteado, entendemos que conforme a la regulación supranacional invocada por el TAT 1º, no habría mayores
obstáculos para acudir a arbitraje si
así lo convienen las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad. No hay dudas de que, el acceso a la justicia
es un derecho humano irrenunciable, pero el mismo no se restringe
a la justicia estatal sino a los diferentes sistemas de administración de justicia en general. El arbitraje no
limita el derecho de acceso a la justicia, sino que, por el contrario, amplia el elenco de mecanismos de resolución
de conflictos posibles. Este es el
espíritu de la normativa aplicable de fuente legal (interno y supranacional) y constitucional.
Para nosotros, la
cuestión a resolver no se trata de la exclusión de la garantía del acceso a la justicia estatal, sino de
ponderar las garantías que ofrece el arbitraje a los justiciables, los mecanismos que pudieran surgir para mitigar su
onerosidad, y la idea de especialidad y autonomía del derecho procesal
laboral con relación
a la regulación
30 general establecida en el CGP.
Así, también lo expresó el propio TAT 1º en un pasaje de la sentencia, en los siguientes términos: “…el
problema a resolver se sitúa (…) concretamente en el instrumento procesal aplicable y en tal sentido si el arbitraje
reporta las mismas garantías y facilidades de acceso que la justicia de los
órganos estatales”.
ii) ¿El arbitraje
supone la exclusión
de las garantías de la justicia estatal?
El TATº1
fundamenta su decisión, en base al argumento de que el arbitraje como método alternativo de resolución de
conflictos, excluye a la jurisdicción estatal, y con ello, también se excluyen los derechos y garantías que ofrece en la actualidad el proceso laboral
establecido en la Ley Nº 18.572 y
modificativas.
Para el TAT 1º, al
acudir a la justicia arbitral, se estaría excluyendo la garantía de una justicia orgánicamente especializada y
el elenco de derechos y garantías que consagran
la desigualdad compensatoria que tiende a garantizar el acceso a la justicia, y –como derivado del principio protector;
“indubio pro operario”-,
la gratuidad de las actuaciones
judiciales en beneficio del trabajador que se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a su empleador. Los
derechos y garantías enunciados son –para el TAT 1°- consecuencia de un Derecho
Procesal del Trabajo
autónomo e independiente del Derecho Procesal común y su regulación general. Analizamos
a continuación, cada uno de los
argumentos mencionados.
• La Autonomía del “Derecho Procesal Laboral”, la inaplicabilidad del CGP por vías de integración y la garantía
de una justicia orgánicamente especializada.
En apretada
síntesis, el TAT 1º sostiene en su sentencia que, tratándose el “Derecho Procesal
Laboral” de una disciplina jurídica especial y autónoma, no resulta
aplicable la regulación que, con
carácter general, consagra el CGP respecto del proceso arbitral, en base al mecanismo de integración establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 18.572.19
A criterio del TAT
1º, la regulación del proceso arbitral establecida en el CGP es contraria a los principios sustantivos del
Derecho del Trabajo y en consecuencia, su aplicación –por vía de integración-
es inadmisible.
En efecto,
argumenta el TAT 1º que: “la aplicación supletoria del derecho
procesal común concretamente del
art. 472 del CGP que invoca la recurrente resulta inadmisible por cuanto no sortea
el test de compatibilidad con los principios procesales especiales, los principios y reglas del bloque de constitucionalidad y los principios sustantivos del Derecho
del Trabajo. La razón más elocuente
reside en la colisión insalvable con los principios de gratuidad e irrenunciabilidad de las garantías procesales especiales”. Finalmente, concluye el TAT 1° que: “no corresponde empezar a razonar el punto en debate por el art. 472 del C.G.P.
sino por la Ley especial que disciplina el orden y formalidades de los juicios”.
•
Sobre la autonomía del Derecho Procesal
del Trabajo.
La cuestión no es menor y ha sido objeto de un extenso debate que mantiene enfrentada
a la doctrina laboralista –que califica mayormente al “Derecho Procesal Laboral” como una 31
disciplina autónoma-, y
la procesalista – sostiene lo contrario, partiendo del concepto de
“unidad del Derecho Procesal”-. Veamos, cada una de las posiciones dogmáticas señaladas.
a)
La posición
de la dogmática procesalista.
Gran parte de la
doctrina procesalista, -impulsada por ARLAS, J.- considera que el Derecho Procesal es uno solo, con
independencia de las especialidades derivadas de la materia objeto de la pretensión y las reglas
procesales específicas aplicables a cada una de las distintas
ramas del Derecho Procesal. Ello, por cuanto en el Derecho Procesal rigen
principios y reglas comunes para todos los tipos de procesos jurisdiccionales,
que son compatibles con las distintas
“ramas procesales” y con la
especialización de los distintos sectores judiciales.
Más recientemente, el Prof. Abal Oliú (2020), A. expresó que:
no hay muchos derechos procesales, existe un
único Derecho Procesal. En efecto, aquellos
institutos, conceptos y principios generales especiales cuya existencia señalaba que fundaba la autonomía del Derecho
Procesal, son aplicables a todo proceso, sin
importar que el objeto de ese proceso concreto implique normas de
Derecho Civil, o Penal, o Laboral, o Agrario, etc. (p. 16).
19 El artículo 31 de la Ley Nº
18.572, establece que: “Todo lo que no
esté previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia
laboral y en el Código
General del Proceso
en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto en los artículos 1º y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo.”
Agrega el autor, que:
(...) la materia (el sector del Derecho
Sustantivo) a la cual refiere el objeto de cada proceso, a menudo exige alguna
regulación especial correspondiente al proceso. Más aun cuando
estas especialidades ocasionalmente deban establecerse, ellas no justifican en forma alguna una conclusión que permita hablar, con propiedad, de la existencia de
varios derechos procesales autónomos (Derecho Procesal Civil, Penal, Laboral,
etc.), sino, a lo más, de la
existencia de algunas especiales (o de algunas especialidades) dentro de un único
Derecho Procesal (Abal Oliú, 2020, pág. 16).
Por
su parte, el Prof. Pereira
Campos, ha expresado su opinión, señalando (con particular énfasis a
la temática objeto de estudio en este
trabajo) que:
…resultan aplicables al arbitraje en materia laboral
las normas que el Código
General del Proceso (CGP) contiene
en materia de proceso arbitral (Título VIII Libro II) –arts. 472 a 507-, dada la notoria vocación de generalidad de dicho cuerpo normativo abarcando
los procesos (arbitrales y oficiales) de todas las materias, salvo excepción expresa,
que no existe en materia
laboral. Ello surge claramente de su exposición de Motivos y de los antecedentes parlamentarios, la aplicación del CGP al proceso arbitral laboral, se ve incluso
ratificada por la previsión del art. 472 que refiere
a “toda contienda individual o colectiva”, admitiendo en ambos casos el arbitraje (Pereira
Campos, 1995, pág. 414).
32 Esta posición fue recogida y plasmada por el
legislador en la exposición de motivos del CGP. Señala la Prof. -laboralista- Mangarelli, que:
en la exposición de motivos del Anteproyecto del Código General
del Proceso suscrito
por Gelsi, Torello y Véscovi, se hace referencia
a los principios que se recogen (oralidad, inmediación, concentración, publicidad)
sosteniéndose que, si bien estos principios han sido reclamados para los procesos
que refieren a materia de importancia social,
el Código los establece
para todos los procesos” (Mangarelli, 2005, pág. 43).
Agrega además la autora
que:
en dicha exposición de motivos se señala la
postura en la que se basa el Código con relación
al Derecho Procesal como disciplina, sosteniendo que existe una ciencia procesal, y solo se admiten “variantes mínimas” en el proceso, en función de la materia
a la que refiere. La referida posición no parece admitir la existencia
de un Derecho Procesal del Trabajo autónomo, ni aun especial
(Mangarelli,
2005, pág. 43).
b)
La posición de la dogmática
laboralista.
Por su parte, la
doctrina laboralista postula la idea de que el Derecho Procesal del Trabajo es una disciplina jurídica autónoma y no una mera especialidad que se distingue del Derecho
Procesal común.
Al respecto, se
destaca la posición de la Ministro ROSSI R, que ha
sostenido que los principios constitucionales de acceso a la justicia
(art. 12 de la Carta),
legalidad (art. 18
de la Carta) y el principio protector
(art. 53 de la Carta),
“…determinaron que el legislador cumpliendo el con el mandato constitucional pendiente
elaborara (…) un sistema laboral procesal
autónomo del derecho procesal común y a medida del conjunto de todas tales
garantías constitucionales” (Rossi,
2011, pág. 296).
Entendemos, que
las dos primeras referencias constitucionales realizadas por la Ministro, son
también aplicables con carácter al proceso civil –en sentido amplio-. En cuanto
al principio protector, entendemos que se trata de una especialidad derivada de la naturaleza de la pretensión tramitada en el proceso laboral y que se encuentra también
recogido en el artículo 350
del CGP inc. 3ro y 5to.
La Prof. Mangarelli, también se ha pronunciado a favor de la autonomía
del proceso laboral,
en los siguientes términos:
…el derecho procesal del trabajo constituye una
disciplina autónoma dado que refiere a una materia
extensa y cuenta con principios, institutos y desarrollos propios. La
circunstancia de que el proceso laboral comparta con el proceso común algunos principios, no
impide ni debilita la autonomía del proceso laboral (Mangarelli,
2005, pág. 43).
Continua la autora diciendo
que:
la autonomía del derecho procesal
del trabajo y del proceso
laboral no se han visto afectadas
con la aprobación del Código General del Proceso…la autonomía del proceso 33
laboral se funda en la particularidad que le impone
el derecho laboral
sustancial y los
principios del proceso
laboral (p. 43).
Para nosotros, el Derecho Procesal es uno sólo (el proceso laboral pertenece a un tronco común) y la regulación general establecida en el CGP, tampoco contradice los principios y reglas del Derecho del Trabajo
–sustantivo-. Como hemos dicho, el legislador se ha preocupado por contemplar especialmente la especialidad de la pretensión en el artículo 350 del CGP. En cuanto a los principios sustantivos del Derecho del Trabajo, entendemos
que los mismos son también
aplicables en el arbitraje.
Coincidimos con los fundamentos de la SCJ en cuanto a que:
la sujeción al arbitraje no supone jamás la
abdicación por parte del trabajador a las garantías
(protección) que emanan de la normativa y de los principios del derecho laboral. Por el contrario, un proceso arbitral en el cual se resuelva una cuestión relativa
a un conflicto individual de trabajo, deberá ajustarse
a las normas y principios del derecho del trabajo, por lo
cual no se advierte
incompatibilidad alguna.
•
Sobre la garantía
de una justicia orgánicamente especializada.
Sostiene
el TAT 1° que: “…la función jurisdiccional en materia de conflictos individuales de trabajo del hombre bajo cualquier forma
contractual,
estaría reservada a los tribunales de justicia con competencia
en conflictos individuales de trabajo”.
Se agrega además
en la sentencia que: “el Poder Judicial
como integrante del Estado cumple la
función de garantizar los derechos fundamentales de las personas, por lo que la
suya es la jurisdicción natural para atenderlos.”
Concluyen los Sres. Ministros -integrantes de la mayoría-
que:
por el fundamento que viene de explicitarse, la
jurisdicción para resolver el conflicto de
materia laboral ha sido resuelta de manera excluyente en favor de la justicia
del Estado y mediante las estructuras
procesales previstas por la ley 18572 o por las especiales de la materia (…) de allí, que la inexistencia de
previsión del arbitraje no constituye
una laguna, sino que responde a una decisión expresa del ordenamiento jurídico especial nacional.
En forma
coadyuvante con la posición del TAT 1º, la Ministro
Rossi (integrante del Tribunal) expresó que:
…la jurisdicción consiste
en la función pública realizada por los órganos
competentes del Estado, con
las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las
partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, y eventualmente factibles de ejecución.
Es la actividad de dirimir conflictos y decidir controversias con autoridad de cosa juzgada y poder de
coerción. Y la competencia es la medida de distribución de jurisdicción entre los órganos”
(Rossi, 2011, pág. 296).
34
Sobre
la posición del TAT 1º y las autoras mencionadas, corresponde realizar dos puntualizaciones concretas.
En primer lugar;
existe una posición jurisprudencial fundada con recepción a nivel nacional y en el derecho comparado que
discrepa con la naturaleza “no jurisdiccional” que el
TAT 1º le atribuye al arbitraje.
Algunos
autores, sostienen que el sólo hecho de que el Tribunal arbitral no tenga poder de imperio para hacer ejecutar
lo juzgado, no impide que el arbitraje
–como mecanismo privado
de administración de justicia- sea considerado jurisdiccional.
En este sentido, creemos
sumamente aplicables al caso, las palabras del Prof. Barrios
De Angelis, D. en tanto oportunamente expresó
que el arbitraje es un “…proceso con órgano jurisdiccional privado”. Agrega
el autor, que: “el arbitraje, en cuanto
proceso, es tan público como el proceso
oficial o judicial, constituyendo una especie
jurisdiccional. Su distintivo fundamental es la naturaleza privada
del juzgador” (Barrios
de Angelis, 1978, pág. 7).
Compartimos las afirmaciones realizadas por la Prof. De Hegedus en cuanto a que:
la función que desempeñan los árbitros en la resolución de los conflictos a ellos sometidos
es de naturaleza jurisdiccional, de igual categoría a la que realiza la justicia oficial, se aplicarían todos los principios que defienden dicha
actividad, destacando, especialmente el de independencia, imparcialidad, autoridad y responsabilidad (De Hegedus, 2008, pág. 434).20
20 Véase también: (BARRIOS
DE ANGELIS, 1979).
Destacamos también,
la posición de la SCJ en la sentencia N° 596/2017, en la que–por
mayoría debidamente integrada- señaló que la función jurisdiccional que
desempeñan los árbitros, es de idéntica
naturaleza y categoría
que la ejercida por la justicia oficial.
En el Derecho
comparado, Caivano (2006) ha analizado la cuestión en
términos sumamente claros y explicativos, que debemos transcribir. Señala el autor argentino que:
La jurisdicción es un concepto con fuertes
connotaciones públicas y generalmente asociado
a la idea del Estado. Como este crea el Derecho y tiene el deber de asegurar el cumplimiento efectivo de las conductas
impuestas por las normas, se razona que, si la función jurisdiccional interesa al conjunto
de la sociedad, es lógico
que se ejerza a través
de los órganos del Estado.
Concebido el ordenamiento jurídico como un medio de control social
(pp. 107-153).
Agrega Caivano que:
…la jurisdicción presenta un doble carácter: público, en cuanto procura la actuación del Derecho cuando la norma no ha sido observada y
el mantenimiento de la paz social, y
privado, en tanto se propone también satisfacer intereses particulares de
quienes están directamente
involucrados en la situación de conflicto. En este último aspecto, no puede negarse a las partes el derecho de satisfacer los intereses particulares a través
de métodos distintos del litigio
judicial, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando las partes
emprenden negociaciones –en forma directa
o con la asistencia de un mediador–
con
la intención de poner fin al conflicto
a través de un acuerdo
mutuamente satisfactorio. 35
Las
mismas razones pueden
invocarse para fundar
el derecho de las partes
a pactar el
arbitraje…” (Caivano, 2006, págs. 107-153).
A mayor abundamiento, señala el autor que:
aunque exista un interés público implícito en la
noción de jurisdicción, esta no es –ni puede ser– una función
exclusiva del Estado,
ya que no puede suprimir
el derecho de quienes,
en la órbita de sus derechos disponibles, procuran una solución al conflicto por vías diferentes del sistema judicial. Ello, naturalmente, siempre
que la resolución sea pacífica
y no vulnere esenciales principios de convivencia, condiciones que cumple
perfectamente el arbitraje. Existe una zona de libertad que permite a
los particulares prestar
un consentimiento válido para componer cierta clase de conflictos mediante un acuerdo directo o, en las mismas condiciones, sustraerlos de la esfera del Poder Judicial
para someterlos a decisión de jueces árbitros. En la medida que sólo afecte
intereses y derechos disponibles, la
decisión de las partes de renunciar a ser juzgados por los órganos
judiciales provistos por el Estado
no puede producir
agravio a la comunidad ni al orden jurídico, ya que satisface
tanto los intereses particulares involucrados en la controversia, cuanto
los públicos en obtener una solución pacífica”
(Caivano, 2006, págs. 107-153).
Concluye Caivano que:
No cabe duda que los
árbitros ejercen una función esencialmente jurisdiccional. Aun cuando carecen de “imperium”, lo que define
la esencia de la jurisdicción es la atribución
cognoscitiva y decisoria, y el efecto
que esta decisión
tiene, independientemente de si el órgano que la dictó puede ejecutarla forzadamente por sí mismo o si debe recurrirse al auxilio de otro. Sin embargo, es evidente que la
jurisdicción de los árbitros no es exactamente igual a la de los jueces (Caivano, 2006, págs. 107-153).
En Segundo lugar,
en nuestra opinión, la existencia de una justicia orgánicamente especializada en material laboral, no es impedimento para acudir a arbitraje. Conforme
expresamos más arriba –en este trabajo-, el mecanismo de atribución de
competencia establecida en la Ley Nº 18.572 es similar a la Ley Nº
15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y la Organización de Tribunales), pero
ello no es óbice para someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral.
En esta dirección, se ha pronunciado la SCJ en la sentencia Nº 596/2017 -en mayoría-, expresando que:
…la norma procesal se limita a establecer cuáles
son los juzgados competentes para entender
en una determinada materia; empero, de ello, en forma alguna, puede extraerse que la solución legislativa
impida a las partes someter sus conflictos a un tribunal arbitral. Véase que postular lo contrario implicaría
desconocer la naturaleza misma del
instituto, pues, el acuerdo de partes supone justamente…la renuncia a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria (justicia laboral
art. 2 de la Ley Nº 18.572) las pretensiones contenidas en dicha cláusula…Es así que, en último
grado de análisis,
la tesis defendida en la recurrencia conduciría a soluciones absurdas, dejando al proceso
36 arbitral virtualmente sin aplicación, ya que, en todas las materias, el Ordenamiento Jurídico, al distribuir competencia,
necesariamente fija un determinado tribunal para juzgar
y ejecutar lo juzgado (Ley Nº 15.750), sin que ello suponga un obstáculo para someter el conflicto a la decisión de un árbitro”
(el destacado nos corresponde).
•
La gratuidad en el proceso
laboral.
A juicio del TAT 1º, aun cuando fuera posible la aplicación de la regulación establecida en el CGP, el proceso arbitral en materia laboral debería respetar los principios especiales del proceso laboral. Sin embargo, en palabras del TAT 1º; “atendiendo a la realidad nacional, ello solo sería posible si se garantizara un sistema de
arbitraje con un procedimiento sencillo, adecuado, eficaz y gratuito. Lo que hoy por hoy,
claramente no existe”.
Al respecto señala
nuestra doctrina que este beneficio que se otorga al trabajador, permite que puedan “litigar sin erogación alguna durante el proceso, hasta la ejecución de
la sentencia incluida”. Conforme
señala el Prof. Varela Méndez, de esta manera se asegura el acceso al proceso a quienes no pueden soportar su costo, “ya que de lo contrario se comprometería la defensa en juicio”
por existir una desigualdad de las partes ab initio (Varela Mendez, 2010, pág. 63). La gratuidad como regla, actúa entonces como una forma de equilibrar las desigualdades
existentes entre el trabajador y el empleador (Becerra, 2005, pág. 76).
Sin lugar a dudas, uno de los desafíos más difíciles que presenta el arbitraje en materia laboral, es lograr armonizar el principio de gratuidad -rector del Derecho del Trabajo- con el proceso arbitral, que se caracteriza por presentar
costos elevados (Garino Podestá & Tiscornia Algorta, 2017,
págs. 101-108).
No obstante, entendemos que esta regla no puede ser un obstáculo objetivo –aplicable como
regla general- que impida acudir a arbitraje para resolver cualquier conflicto individual de trabajo. En todo caso,
deberían buscarse alternativas eficientes para
mitigar la onerosidad del proceso y evaluar las circunstancias de cada caso en particular.
A estos efectos, podrían ser de gran utilidad las soluciones legales adoptadas
en el Derecho comparado que fueran comentadas al comienzo de este trabajo.
En particular, la legislación
de la República de Perú.
•
El principio protector.
El “principio protector” conforma la esencia de la especificidad del proceso laboral. La idea de un proceso laboral
autónomo persigue la finalidad de garantizar “en la contienda judicial la realización de los derechos laborales, evitando que la particular protección que las normas materiales establece para el trabajador
se diluya durante el desarrollo de la causa”.
El principio protector y sus amplias
proyecciones tiene como ha señalado
la doctrina laboralista, base constitucional a partir de la incorporación en el art. 53 de la Constitución de la República que establece: “el trabajo está bajo la protección especial
de la ley” (Plá Rodriguez, 2018).
Entre las formas en que se expresa el principio protector se destacan; a) la representación automática del trabajador; b) la posibilidad de modificar
la pretensión inicial (art.350.3 del CGP); c) los poderes de instrucción acordados
a los tribunales penales (art.350.5 del CGP); d) la exoneración del pago de tributos judiciales, entre otros (Raso Delgue, 2005,
pág. 54). 37
La presencia del
principio protector como directriz inquebrantable de la actuación jurisdiccional, es uno de los pilares
en que se cimienta la decisión del TAT 1°. Ya hemos
expresado nuestra postura –coincidente con la de la SCJ-, de que este principio –y demás aplicables al Derecho del Trabajo-, también
es de plena aplicación en el arbitraje.
iii) El modelo
de contrato de UBER, con una cláusula
arbitral leonina.
No es objeto de
este trabajo analizar en profundidad los argumentos sustanciales relativos a la naturaleza jurídica del
modelo de contrato de UBER. Igualmente, nos interesa
destacar que, el modelo de contrato utilizado por la empresa UBER fue calificado por el TAT 1º, como un contrato de adhesión. Similar discusión, fue sometida a la decisión de la Suprema
Corte de Justicia
de Canadá en un caso análogo al presente -que fuera ya comentado en los apartados iniciales de este trabajo-.
Al respecto,
expresó el TAT 1º que, no puede admitirse la renuncia a la jurisdicción de los órganos de justicia del Estado
cuando la “adhesión a la cláusula
arbitral ha sido adoptada por quien
estaba en situación de buscar trabajo en una comunidad en la que el trabajo es un bien escaso”.
Los factores que determinaron la posición del TAT 1º, se enfocaron en la falta de poder de negociación del trabajador durante la etapa de
tratativas precontractual, así como durante toda la ejecución del contrato.
El hecho de que en
la cláusula arbitral se pactara como lugar Sede del arbitraje, la ciudad de Amsterdam, a sabiendas de que el trabajador se domiciliaba en Uruguay, allí
tenía su centro de vida y desarrollaba su actividad laboral para UBER, fue determinante para la decisión del TAT 1º. El trabajador no tenía libertad ni poder de negociación en las cláusulas del contrato y, por ende, -para el TAT 1º- la cláusula
arbitral es nula por falta de consentimiento jurídicamente válido.
iii) Argumentos adicionales esgrimidos por el Tribunal
de Primera Instancia
y ratificados por el TAT 1º.
En este apartado,
analizamos algunos argumentos esgrimidos por el Tribunal de Primera Instancia, que fueran confirmados
por el TAT 1º en la sentencia de segunda instancia que se comenta
y -entendemos- son relevantes de acuerdo
al enfoque analítico de este trabajo.
Nos interesa
destacar la posición del Tribunal de Primera Instancia y del TAT 1º en cuanto a la aplicación de las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante; “OIT”) en materia
de arbitraje.
Al respecto, sobre
la posibilidad de acudir al arbitraje para resolver los conflictos individuales de trabajo, la recomendación Nº 92 de la OIT de 1951, en su numeral
6to y bajo el capítulo “II” titulado
“Arbitraje Voluntario” establece que:
Si un conflicto ha sido sometido al arbitraje,
con el consentimiento de todas las partes
interesadas, para su solución final, debería estimularse a las partes para que se abstengan de recurrir a huelgas y a lockouts mientras
dure el procedimiento de
38 arbitraje y para
que acepten el laudo
arbitral.
Sobre su
aplicación al caso concreto, el Tribunal de Primera Instancia expresó en su sentencia que: “no puede dejar de indicarse
que a pesar de que la Recomendación de OIT número 92 admite el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos individuales de trabajo, la regla
cede ante la existencia de una norma
interna más favorable representada por el derecho interno que garantiza la jurisdicción del
Estado, conforme dispone el art. 19 numeral 18
de la Constitución” (cf. punto 10 de la sentencia de primera
instancia-el destacado nos corresponde).
A diferencia de
los convenios internacionales de elaborados por la OIT ratificados por nuestro país, sus recomendaciones no
tienen carácter vinculante para los Estados.
En esencia, son directrices o guías prácticas de naturaleza “saft law”, que
sirven para orientar la actuación de los Estados
de acuerdo a
los principios básicos
del Derecho del Trabajo a nivel
global (Servais, 2018, pág. 20).
Consecuentemente, no sería en principio aplicable el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, que establece en cuanto a la relación del Derecho interno y las normas de naturaleza
supranacional, que: “una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado”.
Desde esta óptica
formal, la postura asumida por el Tribunal de Primea Instancia, entendemos es adecuada. El juez natural
competente no se encuentra obligado
a seguir las recomendaciones
de la OIT en forma ineludible.
En lo sustancial,
el motivo fundante del apartamiento de la recomendación de la OIT, es la
existencia de una “norma más favorable”
en el Derecho interno, que garantiza la jurisdicción del Estado.
El criterio
de “norma más favorable” empleado por el Tribunal de Primera Instancia
es una referencia subjetiva que puede o no variar, en función de las circunstancias del caso concreto
y la postura del Tribunal
que entienda en el asunto.
Nótese que, ante
un mismo y único supuesto de hecho (el conflicto individual de trabajo), el concepto de “norma favorable” podría -eventualmente-
variar en función de si el trabajador (tutelado especialmente por el legislador uruguayo) desea o no resolver sus disputas mediante
arbitraje.
De regla,
lo habitual es que sea el empleador quién posee mayor interés en acudir al arbitraje y oponga respecto
de la pretensión del trabajador en sede judicial, la excepción de falta de jurisdicción. Sin embargo, la realidad es siempre más rica que la teoría y, por ende, debemos
contemplar también la hipótesis en la que sea el trabajador quién desea ir al arbitraje. Podría suscitarse, por
ejemplo, un reclamo vinculado a una situación de despido por notoria mala conducta que, por los hechos que puedan
ventilarse en el proceso, el trabajador tenga interés en que el proceso se tramite con la confidencialidad característica del arbitraje. En estos casos –de excepción-,
la norma más favorable de acuerdo a
su interés será aquella
que recomienda y regula su funcionamiento.
Sin perjuicio de
las distintas posturas que pudieran surgir acerca de si es o no adecuado, dejar librado al interés de una de las partes -el trabajador- la aplicación o no de
una disposición –no vinculante- de la OIT, la posición
del Tribunal de Primera Instancia 39
y del TAT 1º 1, es clara; se procura
tutelar especialmente el interés del trabajador por encima de cualquier otro interés en juego, máxime cuando el
derecho tutelado se trata del acceso a la justicia.
6.2.
La posición de la ministro discorde
Los argumentos esgrimidos por la Ministro discorde (Dra. Doris Morales),
siguen la misma línea de los fundamentos planteados
por la SCJ en la sentencia que se comentó en capítulos anteriores de este trabajo. Nos limitaremos ahora,
a indicar los principales argumentos fundantes de la discordia,
remitiéndonos en cuanto a su análisis a lo ya
mencionado en el capítulo correspondiente.
En resumen, expresa la Ministro discorde que corresponde hacer lugar a la excepción de falta de jurisdicción planteada
por la demandada, por cuanto los arts. 2 y 7 de la Ley Nº 18.572 no excluyen la posibilidad de someter los conflictos individuales de trabajo a un proceso
arbitral. Posición que reafirma en base a lo dispuesto
por el art. 476 del CGP, y el
concepto de la materia laboral
como una “materia transable”.
Sobre el principio
de “irrenunciabilidad”, señaló la Ministro que, no se enfrenta al arbitraje por cuanto en éste deberán aplicarse los mismos
principios sustantivos que rigen y
orientan el Derecho del Trabajo en cualquier proceso jurisdiccional. Siguiendo la postura de la Dra. Landeira (Ex Ministro del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º Turno) manifiesta que sería el propio Tribunal
arbitral quien debe resolver acerca
de la validez y eficacia de la
cláusula arbitral -principio kompetenz kompetenz-.
Concluye la Ministro discorde, que el artículo 2º de la Ley Nº 18.572 es una norma distributiva de competencia, cuyo contenido se limita a establecer cuáles
son los jueces
competentes para entender en materia laboral. Al respecto, señala la Ministro que en todas las materias
existen normas de atribución de competencia y no por ello el arbitraje resultaría inadmisible.
7.
Conclusiones
Cuando la cuestión relativa
a la arbitrabilidad objetiva de los conflictos individuales de trabajo en Uruguay parecía estar resuelta, con la posición
debidamente fundada de la SCJ, el fallo del TAT 1º pone nuevamente el tema en discusión.
En lo general, la posición del TAT 1° es válida, la sentencia es congruente y debidamente fundada. Sin embargo, nos permitimos discrepar en algunas consideraciones jurídicas y conceptos técnicos
procesales que, a la hora de aplicarlos en la práctica
–para nosotros- deberían tener una solución
diferente a la señalada por el TAT 1° en la Sentencia.
En este sentido,
reafirmamos nuestra posición acerca de la unidad del Derecho Procesal. Para nosotros, no existe un Derecho
Procesal del Trabajo
autónomo y creemos,
que de acuerdo al texto legal del artículo 31
de la Ley N° 18.572, en todo lo
que no esté regulado en dicha ley especial, deberá
aplicarse el CGP –siempre que sea aplicable- por el mecanismo
de integración normativa.
Máxime, cuando el proceso arbitral
regulado
40 en el CGP no contradice los principios sustantivos y las reglas procesales especiales del proceso laboral. Estas reglas deberían aplicarse con el
mismo tenor y alcance en el arbitraje. El único impedimento para considerar a una materia
como “arbitrable” bajo la regulación del CGP, es su naturaleza “no transable” y en esencia
el Derecho del Trabajo, es una
materia disponible por los justiciables.
El principal
impedimento para acudir al arbitraje en materia laboral lo constituye la máxima de gratuidad del proceso laboral. Sin embargo, no logramos compartir el criterio
de que esta regla per se, impida –con
carácter general- acudir al arbitraje en materia laboral. El desafío,
será encontrar un mecanismo idóneo para mitigar
la onerosidad del arbitraje para resolver este tipo de pretensiones, pero no creemos
que la solución sea la inadmisibilidad del arbitraje
como regla general.
En otro orden, compartimos con la Ministro discorde
que el art.2º de la Ley 18.572,
es una norma atributiva de competencia y no tiene la finalidad
de excluir al arbitraje como
mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Este argumento,
implicaría que en todas aquellas
materias que exista
una norma de atribución de competencia, el conflicto no resultaría susceptible de ser
resuelto mediante arbitraje, dejando a este método de resolución de disputas
carente de todo sentido
y utilidad.
En lo sustancial
del caso concreto, compartimos la opinión del TAT 1° en cuanto a la nulidad de la cláusula arbitral. El
vicio de consentimiento del trabajador en el caso comentado es claro, y el modelo contractual utilizado por la
empresa UBER contiene una cláusula
arbitral leonina, que evidentemente no ha podido ser negociada por el trabajador. De lo contrario,
no se explica por ej. que la sede del arbitraje sea la ciudad
de
Ámsterdam, cuando el trabajador desempeña
sus actividades en Uruguay y es aquí donde tiene su
centro de vida.
En definitiva, remarcamos la importancia de analizar al arbitraje a la luz del ordenamiento jurídico uruguayo, y encontrar soluciones en busca de lograr la armonía con las distintas materias de fondo.
Ello, con la finalidad de que el arbitraje no implique una denegación de justicia, sino una opción
adicional para el justiciable al momento de hacer valer
sus derechos y resolver sus conflictos por el sistema
de heterocomposición.
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