E. Garces, C. J. Franco
Memoria Investigaciones en Ingeniería, núm. 26 (2024). pp. 188-201
https://doi.org/10.36561/ING.26.11
ISSN 2301-1092 • ISSN (en línea) 2301-1106 – Universidad de Montevideo, Uruguay 190
1. Introducción.- La transición energética es esencial a la hora de abordar los desafíos asociados con la seguridad
energética, el cambio climático, impulsar el crecimiento económico y fomentar la innovación tecnológica,
convirtiéndola en un asunto impostergable si se quiere garantizar el bienestar de la población mundial e impulsar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS7 con el cual tiene un estrecho
vínculo [1]. A través del ODS7 se establece que se debe “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible
y moderna para todos” [2], por ende, es relevante investigar cómo la transición energética favorece el logro de las
metas planteadas en este ODS, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas comunidades rurales remotas de
cada país.
Los gobiernos han tomado medidas para lograr este objetivo y en la última década se han valido principalmente del
uso de sistemas de generación descentralizados como las microrredes, minirredes y los sistemas solares domésticos
(SHS por sus siglas en inglés); y de las tecnologías renovables como la solar fotovoltaica (PV), las pequeñas centrales
hidroeléctricas (PCH), la eólica y la biomasa, para dar respuesta y satisfacer las necesidades energéticas de aquellas
comunidades que aún no tienen acceso a electricidad, las cuales se concentran en zonas rurales remotas de países en
desarrollo [3], [4]. La selección del tipo de sistema se asocia con el tamaño y densidad de la población, mientras que
la selección de la tecnología depende en mayor medida de los recursos de generación disponibles en la zona [5]. A
pesar de los avances y esfuerzos multilaterales, tanto la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) como
la Agencia Internacional de Energía (IEA), concuerdan que al año 2030 no se alcanzará la meta de acceso universal
[1], [4] – de acuerdo con el informe sobre los progresos en el logro del ODS7, elaborado por la IEA, para el 2030 sólo
se alcanzará un 92% del objetivo de universalización [4].
Este informe indica que el ritmo del progreso en la electrificación se ha desacelerado en los últimos años, en parte por
la crisis mundial generada por el Covid-19, pero principalmente por la creciente complejidad de llegar a poblaciones
sin servicio eléctrico más remotas y pobres, las cuales se concentran en la región de África subsahariana, siendo
Nigeria, República Democrática del Congo y Etiopia los países con mayor cantidad de personas sin acceso a la
electricidad en el mundo; así mismo, dentro de los primeros 20 países que afrontan esta problemática están Myanmar,
Pakistán e India [4]. Estas poblaciones suelen estar ubicadas en lugares con características geográficas complejas, por
ejemplo: islas, desiertos, asentamientos montañosos, franjas de bosque, claros de selva, entre otros; lo cual influye en
que sean comunidades de difícil o muy difícil acceso, pobre infraestructura, con condiciones sociales y económicas
desfavorables, y en ocasiones con pocos habitantes y/o baja densidad poblacional [5]–[8]. Este informe también
menciona que si se quiere garantizar el acceso de la forma como lo establece el ODS7, es indispensable un despliegue
acelerado del uso de energías renovables [4], es decir, acelerar la transición energética [1].
Colombia no es ajena a esta situación, y a pesar de que la tasa de acceso a electricidad en el país asciende al 96.9%
[9], en sus comunidades rurales de más difícil acceso, las cuales en su mayoría comparten las características antes
mencionadas, aún se deben afrontar tres retos en cuanto a la provisión de un servicio eléctrico asequible, fiable,
sostenible y moderno para todos sus habitantes [10], [11].
El primer reto es llevar electricidad al 3.1% de la población que aún carece de este servicio [9]–[11]. Esta población
en su mayoría vive en zonas rurales remotas donde no es posible llevar las redes de transmisión y distribución del
Sistema Interconectado Nacional (SIN) [7], [10], estas zonas se conocen en Colombia como Zonas No Interconectadas
(ZNI) y en la literatura como comunidades fuera de red [12], [13]. El gobierno de Colombia ha tomado acciones frente
a este reto, y una de sus hojas de ruta es el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura Eléctrica (PIEC) 2019-2023, en
el cual se establecen tres mecanismos para lograr la universalización de la electricidad en el país: 1) la interconexión a
la red, para aquellas comunidades en que sea factible; 2) la instalación de sistemas individuales fotovoltaicos, en
comunidades dispersas y de menos de 25 usuarios; y 3) la construcción de microrredes híbridas que incluyen plantas
térmicas diésel, generación solar fotovoltaica y bancos de baterías [14].
Los retos dos y tres consisten en aumentar las horas de prestación del servicio eléctrico y mejorar su calidad y
asequibilidad [11], retos que conciernen a las comunidades ZNI que ya cuentan con acceso a la electricidad y donde la
transición energética juega un papel fundamental ya que la generación en estas comunidades depende en gran medida
de plantas diésel [10], [11] , en efecto de 280.38 MW de capacidad instalada en las ZNI en 2019, sólo 14.10 MW eran
renovables [15, p. 38], [16]. La mayoría de estos sistemas descentralizados de generación con diésel fueron instalados
hace más de 20 años, pues en ese entonces eran la solución de electrificación más viable dados los inasequibles costos
de las soluciones renovables [5], [17]. Como consecuencia de la generación eléctrica con diésel, los habitantes de estas
comunidades quedan expuestos a diversos contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono (CO2), lo cual puede
afectar su salud; y a otras molestias como la polución sonora [10]. Además, el diésel hace que el servicio eléctrico sea
costoso y este limitado a unas pocas horas al día, ya que el precio del combustible en estas zonas suele ser muy elevado
y los usuarios, generalmente de bajos ingresos, no están en capacidad de pagar por más horas de suministro, únicamente
las que el gobierno subsidia, haciendo que estas pequeñas comunidades ZNI permanezcan atrapadas en situación de