Revista
de Derecho. Año XXIV (Diciembre 2025), Nº 48, e485
https://doi.org/10.47274/DERUM/48.5
ISSN: 1510-5172 (papel) – ISSN: 2301-1610 (en línea)
Universidad de Montevideo, Uruguay - Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de una licencia de uso y distribución CC BY-NC 4.0. Para ver una copia de esta licencia visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://doi.org/10.47274/DERUM/48.5
DOCTRINA
Juan
Bautista Etcheverry
CONICET,
Argentina
Universidad
Austral, Argentina
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9018-4293
Recibido: 08/08/2025 -
Aceptado: 04/11/2025
Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo:
Etcheverry, J. B. (2025). El caso central de la decisión judicial
defectuosa. Revista de Derecho, 24(48), e485. https://doi.org/10.47274/DERUM/48.5
El
caso central de la decisión judicial defectuosa
Resumen: El desafío de clarificar qué es una decisión
judicial defectuosa o irregular es complejo. Existen diferentes nociones de
este fenómeno construidas para distintos contextos jurídico-profesionales.
Aunque resulte imposible identificar un elemento unificador de todas estas
nociones, no es necesario caer en posiciones escépticas según las cuales no existe un criterio racional para evaluar las decisiones judiciales. Es posible,
en cambio, buscar el caso central de las decisiones judiciales defectuosas.
Este caso central, se construye poniendo en relación los datos que se recaban
sobre este fenómeno, los diferentes usos que se les dan a estas nociones, etc.,
con las razones por las que se crean figuras e instituciones para prevenir,
sancionar, reparar o corregir las decisiones judiciales defectuosas. En este
trabajo se indaga sobre las diferentes nociones decisión judicial defectuosa y se
proponen las características de su caso central.
Palabras Clave: error judicial; sentencia defectuosa; irregularidad judicial; responsabilidad
judicial; sentencia arbitraria; delitos judiciales.
The Central Case of the Defective Judicial Decision
Abstract: Clarifying what
constitutes a defective or irregular judicial decision is a complex challenge.
Different notions of this phenomenon have been developed for diverse
legal-professional contexts. Although it may be impossible to identify a single
unifying element across all these notions, this does not require adopting
skeptical positions that deny the existence of a rational criterion for
evaluating judicial decisions. Instead, it is possible to seek the central case
of defective judicial decisions. This central case is constructed by relating
the data collected about the phenomenon, the different uses given to these
notions, and the reasons for creating figures and institutions to prevent,
sanction, remedy, or correct defective judicial decisions. This paper examines
the various notions of defective judicial decision and proposes the
characteristics of its central case.
Keywords:
judicial error; defective judgment; judicial irregularity;
judicial liability; arbitrary
decision; judicial offenses.
O Caso Central da Decisão Judicial Defeituosa
Resumo:
Esclarecer o que configura uma decisão judicial defeituosa ou irregular é um
desafio complexo. Diferentes noções desse fenômeno foram desenvolvidas para atender
a distintos contextos jurídico-profissionais. Embora seja inviável identificar
um elemento unificador para abarcar todas essas concepções, não é necessário adotar
posições céticas que neguem a existência de um critério racional para avaliar
decisões judiciais. É possível, em vez disso, buscar o caso central das
decisões judiciais defeituosas. Esse caso central é construído relacionando os
dados recolhidos sobre o fenômeno, os diferentes usos dessas noções e as razões
pelas quais se criam figuras e instituições destinadas a prevenir, sancionar,
reparar ou corrigir decisões judiciais defeituosas. O presente trabalho analisa
as várias noções de decisão judicial defeituosa e propõe as características do
seu caso central.
Palavras-chave: erro judicial; sentença defeituosa; irregularidade judicial;
responsabilidade judicial; decisão arbitrária; delitos judiciais.
El
problema de la decisión judicial defectuosa es regulado legal y
jurisprudencialmente de un modo particular por cada ordenamiento jurídico. A su
vez, dentro de cada ordenamiento suelen abordarse distintos aspectos de esta
problemática desde diferentes ramas del derecho. En Argentina, por ejemplo, se
aborda esta cuestión desde el derecho civil y administrativo, cuando se trata establecer
la responsabilidad patrimonial del Estado (e, incluso, de los funcionarios) por
la actividad judicial irregular que produce un daño susceptible de ser
indemnizado. A su vez, también se analiza este problema desde la perspectiva de
la responsabilidad política de los jueces frente al Estado por su mal
desempeño. Desde el derecho penal se abordan las figuras delictivas que pueden
cometer los jueces y otros funcionarios judiciales mediante un ejercicio
irregular de sus funciones. Finalmente, el derecho procesal se preocupa por las
decisiones judiciales anómalas principalmente a fin de proponer recursos para
lograr que las sentencias defectuosas puedan ser corregidas[1].
Este
trabajo propone un estudio del problema de la decisión judicial defectuosa
(entendida en sentido amplio) desde la filosofía del derecho y no desde una
perspectiva de la doctrina jurídica local civil, administrativa,
constitucional, penal, procesal, etc. El tipo de estudio que propone este
trabajo es general, explicativo y, en
un sentido específico, normativo, a
diferencia de los estudios doctrinarios que suelen ser, más bien, locales y
descriptivos.
Para
lograr el objetivo propuesto se utilizará el método del caso central. Este método ha sido utilizado por muchos
filósofos del derecho. El mencionado método propone no solo estudiar y
describir cómo se usan expresiones, conceptos, figuras, instituciones y
recursos, sino que además procura detectar las razones por las que algunas
expresiones se usan en determinados sentidos y por qué se crean figuras,
instituciones y recursos (Webber, Yowell, Ekins
y otros, 2018, 4).
El
método del caso central no es meramente descriptivo, ya que no se limita a
simplemente a reportar datos, usos lingüísticos, información u observaciones
locales. Sin embargo, tampoco desprecia la imprescindible información que pueda
brindar la perspectiva de la legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica
local e, incluso, los estudios empíricos sobre la temática a la cual se lo
aplica[2].
A
nuestro juicio, el método propuesto es particularmente útil por tres razones.
Por un lado, permite reconocer los diferentes usos o sentidos que suele dársele
a la noción de decisión defectuosa y, a la vez, darle una prioridad explicativa
a los casos que se quieren evitar o reparar y para los que se introducen
figuras, instituciones, recursos, etc., a tal efecto (Webber, Yowell, Ekins y otros, 2018, 3).
Además, el mencionado método, permite hacer distinciones que no sería posible
realizar desde una perspectiva meramente local y descriptiva. En tercer lugar,
el método del caso central también ayuda a valorar críticamente las figuras,
instituciones y recursos de una práctica jurídica concreta y establecer en qué
medida dichas figuras, instituciones y recursos son adecuadas para lograr los
fines que se proponen.
Se
espera que este trabajo ayude a clarificar qué es una decisión judicial
defectuosa y que dicha clarificación sea útil para una explicación más amplia
acerca de la decisión judicial.
Si
bien la mayoría de los trabajos que explican las “decisiones judiciales
defectuosas” tratan esta problemática desde la doctrina local civil, administrativista, constitucional, penal y
procesal, existen algunos autores que abordan esta cuestión desde una
perspectiva filosófica[3].
Algunos de los teóricos que tratan este tema desde una perspectiva filosófica parecen pretender reducir el sentido de estas expresiones a una fórmula o definición. Esto lo hacen o bien proponiendo que existe una “característica”, “propiedad común” o “esencia” de las decisiones judiciales defectuosas o bien aclarando el concepto de decisión judicial defectuosa por medio de una comparación entre una decisión errada o defectuosa y otra considerada correcta.
Por ejemplo, al tratar el problema del error judicial Malem Seña afirma que “para que exista un error judicial ha de haber, según el sistema jurídico de referencia, una o más respuestas correctas respecto de un caso. Y la decisión judicial calificada como errónea no ha de poder subsumirse en ninguna de esas posibles respuestas correctas. Estas dos condiciones parecen ser necesarias y suficientes” (Malem Seña, 2009, 12).
Quienes pretenden esto deben enfrentar la dificultad de encontrar “la propiedad común” que poseerían todas las decisiones judiciales que reciben el rótulo de irregulares o defectuosas, como si existiera un uso único, uniforme y coherente de estas expresiones de manera que todas ellas refieren a esa propiedad común, característica o esencia, que debería repetirse en todas las decisiones judiciales irregulares. El riesgo de buscar tal propiedad o característica única, uniforme y coherente es que, de no existir, conduce a selecciones de un solo aspecto del fenómeno que se nombra sin mayor justificación y sin dar mayores explicaciones de por qué se excluyen otros (Finnis, 2000, 40). Además, conduce a criticar usos legislativos o jurisprudenciales de lo que se entiende por decisión judicial defectuosa por no respetar tal supuesta característica o propiedad, sin advertir que, en realidad, sus criterios de aplicación son múltiples y heterogéneos.
Por otra parte, tampoco está exenta de dificultades la estrategia que se propone aclarar el concepto de decisión judicial defectuosa por medio de una comparación entre una decisión defectuosa y otra considerada correcta. Este abordaje pretende la determinación del defecto de una decisión judicial confrontándola con la que hubiera sido correcta para el caso. Aquí el problema es la dificultad para determinar las condiciones suficientes y necesarias de una decisión judicial correcta. De hecho, el propio Malem Seña sostiene que afirmar que una decisión judicial es correcta no supone atribuirle una característica o propiedad, “sino que es señalar que no exhibe ninguna de las muy variadas anomalías que directa o indirectamente pueden afectar un acto tan complejo como el de dictar una decisión judicial” (Malem Seña, 2009, 15). Como puede advertirse, la estrategia parece viciosamente circular. Se considera condición necesaria y suficiente de la existencia de un error judicial que haya al menos una respuesta correcta y que la decisión judicial calificada como errónea no haya sido subsumida en ninguna de esas posibles respuestas correctas y, a la vez, se afirma que la satisfacción de un test de corrección no consiste en detectar en las resoluciones judiciales correctas una propiedad o característica, sino en señalar que no adolece de errores.
Como se verá a lo largo de este trabajo, los intentos de definir por medio de una única propiedad o característica común a todas las decisiones judiciales defectuosas para luego poder identificar las decisiones judiciales anómalas, tienen el desafío de evitar elegir sin mayor explicación dicha característica o propiedad, excluyendo otras sin justificación alguna.
Una
alternativa a intentar ofrecer una definición de decisión judicial defectuosa
es la que si bien reconoce que puede
ser difícil o imposible reducir a una fórmula dicho concepto, sugiere examinar en qué tipos de “supuestos” la legislación y la
jurisprudencia de una determinada comunidad jurídica descalifica las decisiones
judiciales por considerarlas anómalas[4]. Dicho de otro modo, propone explicar el defecto judicial destacando
las características de los supuestos en que una decisión judicial es señalada
legal o jurisprudencialmente como defectuosa, haciendo explícita las causales
de defecto judicial, para luego poder organizarlas o sistematizarlas (Carrió,
1995, 55).
Esta alternativa sugiere que conceptos como “decisión judicial defectuosa” son conceptos “descalificadores” porque se usan para calificar peyorativamente una decisión judicial y refieren a una serie no finita de anomalías que puede sufrir dicha decisión. La serie de defectos recién mencionada o las propiedades (criterios de aplicación o condiciones) que permitirían calificar a una decisión judicial como defectuosa sería inagotable porque serían inagotables las maneras de cometer irregularidades en el acto de fallar judicialmente. Por este motivo, no se propone suministrar condiciones necesarias y suficientes de un uso correcto de la expresión defecto judicial, dado que el listado de tipos de anomalías judiciales siempre es posible que pueda enriquecerse (Carrió, 1995, 49)[5].
El mencionado listado de anomalías que puede sufrir una decisión judicial es precisado fundamentalmente gracias a la labor legislativa y jurisprudencial. Parte de ese listado ha alcanzado en diferentes jurisdicciones un importante grado de desarrollo[6]. Sin embargo, se advierte que parte de ese tipo de listados está en constante proceso de formulación, aceptación e intento de efectivamente valer en la práctica (Carrió, 1995, 52 ss.).
En definitiva, esta alternativa, por un lado, solo describe la función que este tipo de expresión cumple de calificar peyorativamente o descalificar a una decisión judicial y, por otro, describe supuestos frente a los cuales una decisión puede ser descalificada de esta manera en una determinada jurisdicción.
A
su vez, esta alternativa sostiene que estas funciones están regidas por reglas
convencionales, solo que la función de ofrecer supuestos de decisiones
irregulares no logra brindar condiciones suficientes y necesarios para su uso
correcto. Por ello, se reconoce que únicamente se puede aspirar a hacer una
enumeración de ejemplos paradigmáticos sin que entre ellos pueda descubrirse
una propiedad común. Así como la expresión “decisión judicial defectuosa” sería
una expresión descalificadora genérica, los ejemplos paradigmáticos serían solo
descalificadores básicos. La limitación de estos descalificadores básicos es
que “[s]olo los ejemplos dan contenido aceptablemente
preciso a tales expresiones, que de otro modo permanecen incurablemente vagas
y/o ambiguas” (Carrió, 1995, 320).
Dicho de otro modo, se defiende que no existe un significado único ni un caso central decisión judicial defectuosa, sino tan solo unos ejemplos paradigmáticos susceptibles de ser identificados en la práctica jurídica de cada comunidad política. No hay ninguna relación entre ellos posible de ser captada ni conocida, salvo porque sirven como buenos ejemplos de lo que en una práctica concreta permite descalificar una decisión judicial. En el mejor de los casos, solo podrá intentar agruparse esos ejemplos de lo que se entiende por defecto judicial en categorías o ejemplos básicos.
Los
desafíos que debe afrontar esta forma de estudiar el defecto de las decisiones
judiciales es triple. Por un lado, el tipo de
explicación que ofrece es más local que general. Por otro lado, el relevamiento
que propone tiene dificultades para aclarar, como pretende, el contenido del
concepto de decisión judicial defectuosa analizado. Finalmente, lo poco que
logra esclarecer este tipo de aproximación no queda claro cómo se construye o con
qué criterios se valora cuáles de todos los ejemplos de uso de esta expresión son
paradigmáticos y el resto secundarios. Al final de cuentas, parece haber una
selección tanto de lo que se considera sentencia o decisión judicial en sentido
pleno y defecto judicial e, incluso, de los diferentes tipos de causales de decisiones
irregulares; pero no se termina de explicar cómo se selecciona ese sentido de
otros que existen en la práctica[7].
Las reflexiones anteriores corren el riesgo de abonar posiciones escépticas según las cuales los problemas sobre la corrección e incorrección de las decisiones judiciales “son absolutamente insusceptibles de tratamiento racional”. Todo esfuerzo en este sentido sería inútil para estas posiciones y no tendría sentido buscar un parámetro para evaluar las decisiones judiciales, dado que el derecho es lo que dicen/crean libremente los jueces[8].
Un realismo jurídico radical de este tipo “no deja espacio conceptual para el error judicial” (Ferrer Beltrán, 2010, 147 ss.). A su vez, tampoco deja espacio para los desacuerdos sobre el derecho. Ellos serían siempre fingidos, hipócritas o fruto de una concepción equivocada de las cosas (Moreso, 2010, 49 ss.).
Para esta visión escéptica, explicar la existencia de expresiones como corrección o defecto judicial y la de instituciones como las que permiten revisar las decisiones judiciales por otros órganos, en realidad, no ponen en tela de juicio la infalibilidad de los jueces, sino que establecen cuándo una decisión judicial es definitiva y en qué circunstancias y por qué órganos ella puede ser revisada.
Esta posición, a su vez, advierte que no existe un uso unívoco de estas expresiones y, a partir de esta afirmación, concluye que la misma no es usada con un significado que pueda dilucidare sino que es simplemente un rótulo engañosamente único para designar una decisión judicial que no nos gusta (Carrió, 1995, 320 y 321).
Sin embargo, consideramos que es posible explicar qué es una decisión judicial defectuosa, junto con las instituciones y recursos que buscan evitarlas o enmendarlas; sin necesidad de sacrificar nuestras intuiciones acerca de la posibilidad de que existan esta clase de defectos y de que, por tanto, pueda haber disputas racionales y no meramente fingidas o hipócritas sobre el contenido del derecho. Hay espacio para una explicación de este tipo si (como han propuesto muchos autores) distinguimos lo que sería una decisión judicial “definitiva” de una que pudiera ser “infalible”. Al menos dos son las consecuencias de reconocer que incluso una decisión judicial “definitiva” puede ser “defectuosa” o de que “tampoco Tribunales finales tienen el poder jurídico de dictar sentencias contra legem, aunque del hecho de que lo hagan se deriven otras consecuencias jurídicas”[9]. Por un lado, es posible pensar que las instituciones que permiten revisar las decisiones judiciales buscan evitar tales defectos y no solamente establecer qué clase de decisión judicial es “definitiva”. Por otro lado, es razonable preguntarse por los rasgos que caracterizarían a una decisión judicial como defectuosa. A continuación, proponemos un método distinto a los anteriormente presentados para alcanzar este objetivo.
a) Ventajas del método del caso central
Como
se dijo en la introducción, a nuestro juicio, este método es particularmente
conveniente para abordar el estudio de la decisión judicial defectuosa por tres
razones. Por un lado, permite darle prioridad explicativa al caso central de
defecto de la decisión judicial sobre casos no centrales de estos defectos.
Esta prioridad explicativa se funda en que el mencionado caso central es el que plenamente realiza las
razones (Webber, Yowell, Ekins y otros, 2018, 3), en este caso, en favor de introducir figuras, instituciones, recursos,
etc., que busquen evitar, prevenir, sancionar o corregir los mencionados defectos
judiciales.
Por
otro lado, el método del caso central permite hacer distinciones que no sería
posible realizar desde un abordaje meramente local y descriptivo. Por ejemplo,
permite advertir que cuando se habla de defecto judicial puede hacérselo tanto
en un sentido local y “técnico-restringido” como en un sentido “amplio”. En el
primero de los sentidos, solo habrá decisión judicial defectuosa cuando el
sistema jurídico que se estudia haya previsto una consecuencia jurídica para
este tipo de decisión. Así, puede decirse que hay una decisión judicial defectuosa
en sentido técnico-restringido, por ejemplo, cuando una decisión judicial
genera responsabilidad patrimonial por el daño que produce. En cambio, desde un
punto de vista amplio o general es posible advertir defectos judiciales a los
que algunos ordenamientos jurídicos no les han correlacionado consecuencias
jurídicas (Malem Seña, 2009, 13).
En
tercer lugar, el método del caso central no solo es capaz de dar prioridad a
unos sentidos de una expresión sobre otros y de proponer y advertir
distinciones que desde una aproximación teórica meramente local y descriptiva no es posible, sino que también ayuda
a valorar críticamente u ofrecer criterios para valorar las figuras,
instituciones y recursos de una práctica jurídica concreta y establecer en qué
medida dichas figuras, instituciones y recursos son adecuadas y necesarias para
lograr los fines que persiguen.
b) Desafíos de la inexistencia de una propiedad común y de la comparación imposible
El
método del caso central, además, no tiene el problema de buscar definir de
forma unívoca a los defectos judiciales, ni de buscar elegir sin más
explicaciones una propiedad común de los mencionados defectos. Según el método
del caso central, el teórico de los asuntos humanos no debe buscar el
significado de los conceptos de modo que se extiendan directamente y en el
mismo sentido a todos los estados de cosas que en el discurso pueda
razonablemente llamarse de esa manera. Dicho de otro modo, el método del caso
central es contrario a la búsqueda de un significado unívoco, que lleva a
buscar un común denominador o un único elemento o propiedad común.
Este
método reconoce que los rasgos que distinguen los conceptos son numerosos y es
posible que todos o, al menos, muchos de ellos admitan diferentes grados. En
los casos centrales de los mencionados conceptos, los rasgos se manifiestan en
un alto grado, pero es posible que haya ejemplos de defectos que no reúnan
todos los rasgos del caso central o que los reúnan en un grado menor que en los
casos centrales. Justamente, la multiplicidad de significados del sintagma
“decisión judicial defectuosa” es lo que permite diferenciar entre delitos
judiciales, arbitrariedades judiciales, errores graves, leves, errores
indemnizables o no indemnizables, errores inexcusables y excusables, que
generan responsabilidad o no, que habilitan un recurso o no, materiales y
formales, etc. Para el método del caso central no tiene sentido circunscribir
la explicación de la decisión judicial defectuosa solo a los casos centrales.
En cambio, se busca aclarar cuál es o son los principios o fundamentos
racionales por los que se extiende la expresión decisión judicial defectuosa desde
los casos centrales a los marginales o secundarios (Finnis,
2000, 43-45).
En
definitiva, el método del caso central es contrario a la búsqueda de una
propiedad común de los defectos judiciales. En cambio, reconoce que pueden
tener muchos rasgos que en diferentes ejemplos se manifiestan en diferentes
grados.
Por
otra parte, este método tampoco tiene el problema de tener que hacer una
“comparación imposible”. Esto es así porque no pretende explicar la decisión judicial
defectuosa comparándola con una decisión judicial correcta, teniendo así que
clarificar qué es una decisión correcta. Este método lo que propone es, a
partir de una descripción de los múltiples y muchos casos no uniformes de
criterios identificadores de un fenómeno, ofrecer elementos para seleccionar
aquellos más importantes y significativos para identificar los casos centrales
del asunto humano que se buscar explicar (Finnis,
2000, 43).
Es
posible que, como la medicina estudia el correcto funcionamiento del cuerpo
humano y esto le permite estudiar y entender las patologías que puede padecer (Webber, Yowell,
Ekins y otros, 2018, 4)[10], el método del caso central busque iluminar las razones por las cuales
es esperable que las decisiones judiciales posean determinadas características
y por qué de no poseerlas se crean figuras, instituciones o recursos para
evitar o controlar este tipo de decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir
que para describir el defecto de una decisión judicial deba hacérselo en
contraste con lo que consideraría una decisión judicial correcta. Lo que quiere
decir es que luego de describir los distintos usos del sintagma “decisión
judicial defectuosa”, a fin de identificar su caso central, es necesario tener
en cuenta las razones por las que dicha clase de decisiones generan diferentes
tipos de consecuencias jurídicas.
c) ¿Cómo se selecciona el caso central?
Del
desarrollo anterior surge la obvia pregunta acerca de cómo o con qué razones, desde
qué punto de vista o teniendo en cuenta qué intereses valoramos cuáles son los
criterios identificadores especialmente importantes y significativos. Este
método propone hacerlo desde el punto de vista de la razonabilidad práctica. Es
decir, desde el punto de vista de lo que exige la razonabilidad práctica sobre
el ámbito de los asuntos que se buscan explicar.
Al
aplicar este método de explicación de los fenómenos sociales a los defectos de
la decisión judicial, lo que se hace es preguntarse por las cosas importantes y
significativas que hacen que haya mecanismos para intentar evitar, controlar,
sancionar, indemnizar, etc., los mencionados defectos.
En
definitiva, como explica Finnis, la “ciencia social
descriptiva es alcanzable solo por alguien en quien un amplio conocimiento de
datos y una comprensión penetrante de los puntos de vista prácticos y de las
preocupaciones de otros hombres están unidos a un juicio correcto sobre todos
los aspectos de le genuina realización humana y de la auténtica razonabilidad
práctica” (Finnis, 2000, 51).
a) Diferentes sentidos de decisión judicial defectuosa
Los principales objetivos de este
trabajo son, por un lado, clarificar nociones como sentencia irregular o
defectuosa y, por el otro, aprovechar este esfuerzo para comprender con mayor
profundidad la decisión judicial, sus partes, estructura, etc.
Para ello, en primer lugar,
advertimos los riesgos de intentar definir o buscar una característica o denominador
común de todos los usos de estas expresiones. También mostramos los riesgos de
caer, en el extremo opuesto, afirmando que los problemas sobre el sentido de la
corrección o incorrección de una decisión judicial son imposibles de ser
tratados racionalmente, debido a que el derecho es lo que dicen los jueces. Sin
embargo, creemos que es posible ofrecer explicaciones de lo que sería una
“decisión judicial incorrecta”, sin necesidad de caer en elucidaciones
meramente fingidas o hipócritas que solo buscan ocultar que, con ello, solo
queremos decir que esas decisiones no nos gustan. Creemos, incluso que es
contra-intuitiva la existencia de todos los mecanismos para prevenir, subsanar,
reparar o sancionar los mencionados defectos, si tales irregularidades fueran
inexistentes o intratables racionalmente. Resulta más intuitivo diferenciar
entre sentencias “definitivas” y “correctas” y, por tanto, reconocer que
incluso algunas sentencias “definitivas” puede ser “defectuosas”.
Los intentos por buscar
alternativas intermedias entre afirmar que existe un significado unívoco de
decisión judicial incorrecta o que, en realidad, este es completamente
equívoco, también han de enfrentar desafíos. En concreto, al respecto
advertimos lo parroquial que resulta la explicación que solo identifica tipos
básicos de decisiones judiciales incorrectas a partir de los usos
paradigmáticos de esta expresión en una jurisdicción. A su vez, al aportar solo
tipos básicos relativamente vagos de decisiones judiciales irregulares, esta
elucidación no logra progresar mucho sobre lo imprecisas que resultaban las
expresiones que se buscaron explicar por medio de estos tipos básicos.
En otro trabajo, hemos realizado
un pormenorizado análisis de los mecanismos para prevenir, reparar, sancionar y
subsanar las decisiones judiciales irregulares que se crearon a lo largo de los
años en el ordenamiento jurídico argentino (Etcheverry, 2025). De dicho análisis, dentro de la categoría
“decisión judicial defectuosa”, se pudo diferenciar entre “errores judiciales” y
“delitos judiciales”. Los primeros son “producto de una falta de capacidad,
esmero o cuidado. En cambio, los segundos (prevaricato, cohecho, denegación y
retardo de justicia) suponen un “desvío” o “abuso” doloso de poder. En este
último caso, el juez actúa con intención corrupta o maliciosamente contraria a
derecho, usando el poder jurisdiccional con fines ilegítimos.
Para referirnos tanto a los
errores judiciales, propiamente dichos, y a los delitos judiciales, proponemos
utilizar la expresión “decisión judicial defectuosa”. Utilizamos como sinónimo
de esta expresión decisión judicial “anómala” o “irregular”.
A su vez, de dicho análisis
también se puedo distinguir que quienes abordan el problema de las decisiones
judiciales defectuosas a fin de establecer el deber del Estado (y de sus
funcionarios judiciales) de reparar el daño que sus irregularidades causan, o
quienes lo hacen para establecer la responsabilidad política o penal de los
jueces por sus decisiones irregulares, incluso quienes lo hacen a fin de
establecer cuándo una decisión judicial es revocable, caracterizan a este tipo
de decisiones en un sentido más técnico, restringido, particular y local, que
podría diferenciarse de una comprensión más general o filosófica. Esto no quita
que el análisis técnico resulta un insumo muy relevante para la mencionada
compresión filosófica.
Por ejemplo, en el contexto de la
justicia nacional y federal de Argentina, suele entenderse por decisión judicial defectuosa capaz de
generar responsabilidad patrimonial del Estado (o de sus funcionarios
judiciales), aquellos actos u omisiones irregulares realizados por un juez en
un proceso con dolo, culpa inexcusable o por un funcionamiento anormal del
Poder Judicial, que resultan objetiva y gravemente contrarios a los hechos de
la causa o el derecho, produciendo un resultado contrario al que el servicio de
justicia debió llegar y que se diferencia de cualquier acto de aplicación,
interpretación o valoración de las normas, los hechos o las pruebas que puedan
resultar meramente opinables. A su vez, para que estas irregularidades puedan
resultar indemnizables se debe acreditar un daño mensurable en dinero. Ese daño
debe poder ser imputado al Estado y debe existir una relación de causalidad
adecuada entre la actividad o inactividad irregular del Estado y el daño, no
siendo responsable el Estado por casos fortuitos, fuerza mayor, hechos de la
víctima o de un tercero. Finalmente, la irregularidad de la acción o inacción
judicial debe surgir de la inobservancia de un deber expreso y determinado, el
daño no debe poder ser reparado por recurso ordinario y la sentencia defectuosa
debe haber sido previamente revocada para poder solicitarse la reparación del
daño que causa (Mosset Iturraspe , 1999; Perrino, 2015, Galli Basualdo, 2006,
174 y Bee Sellares, 2019, 545).
El anterior análisis permite
fácilmente advertir que es posible pensar en decisiones judiciales defectuosas
no indemnizables. Esto nos permitiría diferenciar entre la noción técnica de
defecto judicial indemnizable en el ámbito de la justicia nacional y federal de
Argentina y la noción filosófica de decisión judicial defectuosa. Esta última,
por ejemplo, no tiene en cuenta si el defecto genera un daño mensurable en
dinero para considerar que estamos frente a una irregularidad judicial.
Algo similar a lo recién destacado
sucede con el concepto técnico de decisión
judicial anómala capaz de generar responsabilidad política. Nuevamente, por
ejemplo, en Argentina se considera que existe un defecto de este tipo cuando un
funcionario judicial claramente y fuera de toda duda se aparta del derecho (al
no utilizar alguna de las opciones interpretativas que le brinda el sistema
jurídico) de modo intencional o grave o reiteradamente negligente. Lo anterior
supone que un funcionario judicial no es políticamente responsable por sus
decisiones jurisdiccionales negligentemente defectuosas si ellas son aisladas y
no generen consecuencias graves[11].
En otras palabras, el concepto
técnico político de decisión judicial defectuosa que surge de la práctica
jurídica argentina resulta más restringido que un posible concepto filosófico
de este tipo de decisiones. El primero requiere que el apartamiento del derecho
sea intencional o reiteradamente negligente o gravemente negligente, mientras
que, el segundo, probablemente no tenga en cuenta la gravedad o la reiteración
del apartamiento negligente del derecho para calificar dicho apartamiento como
irregular o defectuoso.
Lo mismo puede decirse del
concepto técnico penal de delitos
judiciales. Esta clase de delitos admiten la posibilidad de sancionar
penalmente a los jueces cuando toman una decisión judicial: i) corrompidos por
dinero u otras dádivas, ii) con intención contraria a derecho, iii) fundándola maliciosamente
en hechos falsos o iv) intencionalmente denegando o retardando decisiones que
corresponden. Nuevamente, como es obvio, este concepto técnico de delito
judicial excluye decisiones judiciales irregulares negligentemente tomadas que
un concepto de decisión judicial defecutosa más
general admitiría[12].
También, es posible preguntarnos
por el parecido entre el concepto técnico procesal de decisión judicial recurrible con el concepto filosófico de decisión
judicial defectuosa. En el sistema jurídico argentino, suele caracterizarse a
la decisión judicial recurrible como una decisión que: i) adolece de una
irregularidad o anomalía, intencional o negligente, que afecta su origen, forma
o fundamento de hecho, derecho o sus efectos; o ii) requiere por parte de un
tribunal de apelación la unificación de un modo preciso de entender el derecho
vigente. Estas irregularidades o faltas de certeza pueden ser remediadas por
medio de recursos que permiten que el mismo juez o uno jerárquicamente superior
complete, aclare, corrija, deje parcial o totalmente sin efecto o le niegue su
condición de decisión judicial (Palacio, 2022, 600 ss.).
Esta noción parece la más cercana
a una noción filosófica de decisión judicial defectuosa. Sin embargo, las
principales diferencias estarían en que es una característica del concepto
técnico procesal de decisión judicial recurrible que ella pueda ser revocada
por algún tipo de remedio procesal, mientras que no toda decisión judicial
defectuosa necesariamente es revocable. Como se vió,
que una decisión sea definitiva no necesariamente supone que sea correcta. Es
decir, una decisión definitiva puede ser defectuosa. De esto no se deriva que
los Tribunales cuyas sentencias no pueden ser revocadas tienen la facultad para
dictar sentencias contra legem, sino solo que, del hecho de que lo hagan, no se
deriva la consecuencia de que pueda revocarse su sentencia defectuosa. Por otra
parte, como también se dijo, incluso algunas decisiones judiciales correctas
pueden ser revocadas. Este último caso sería el de las sentencias impugnadas a
fin de uniformar jurisprudencia de una Cámara.
De lo hasta aquí expuesto puede
concluirse que existen diferentes tipos de conceptos de decisión judicial
defectuosa. En concreto, en este trabajo diferenciamos el concepto de decisión
judicial dañosa por irregular, el concepto de decisión judicial defectuosa
capaz de generar responsabilidad política, el concepto de delito judicial y el
de decisión judicial recurrible. Estos conceptos son de tipo técnico y su
contenido es más restringido y local que el concepto filosófico de decisión
judicial defectuosa.
Esta reflexión técnica y local si
bien no alcanza el grado de generalidad al que aspiramos con una noción
filosófica es de incuestionable valor. Para alcanzar el caso central del
concepto de decisión judicial defectuosa resta analizar con qué fin se busca
prevenir, sancionar, subsanar o reparar esta clase de decisiones y establecer
en qué medida tener en cuenta estas razones o fines nos ayuda a caracterizar a
una decisión judicial defectuosa de un modo más general o filosófico.
En concreto, las razones por las
que se suelen crear las figuras penales de cohecho, prevaricato, denegación y
retardo de justicia son para garantizar la imparcialidad y la idoneidad ética
(rectitud u honestidad) de los funcionarios judiciales y, de ese modo, proteger
el prestigio, confiabilidad e, incluso, hasta pretender asegurar su
irreprochabilidad e insospechabilidad. Parcialmente
coincidente son los objetivos o las razones por las que se crean mecanismo que
permiten responsabilizar políticamente a un juez por el contenido de sus
sentencias. Con estos mecanismos se busca tanto garantizar de forma
proporcionada la imparcialidad e idoneidad ética de los funcionarios
judiciales, así como también, su idoneidad técnica. Todo eso, a fin de lograr
un nivel razonable de confianza de los ciudadanos en la jurisdicción estatal.
Las razones por las que se erige
un determinado modo de admitir la responsabilidad del Estado y de los
funcionarios por los daños que causan se fundan en otras razones complementarias.
En el sistema jurídico argentino, por ejemplo, el abordaje que predominó es
aquel que buscó armonizar el derecho de quien sufre el daño con los bienes que
persigue el Estado, con el derecho del resto de los ciudadanos. Para ello, se
reconoce que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva y, por tanto,
alcanza con solo mostrar la “falta de servicio institucional de justicia” para
dejar en evidencia la irregularidad judicial.
Finalmente, los remedios
procesales que permiten recurrir las decisiones judiciales defectuosas buscan
garantizar principalmente que las decisiones
judiciales se ajusten, en la mayor medida de lo posible a las exigencias de
justicia, al derecho a que toda sentencia esté fundada en ley, al derecho al debido
proceso y al derecho a una doble instancia. Aunque, también se justifiquen en
otras razones como el beneficio que supone la unificación de la jurisprudencia,
etc. A su vez, garantizar estos derechos y unificar la jurisprudencia colabora
con el objetivo de aumentar la confianza de los ciudadanos en la jurisdicción
estatal.
b) El caso central de la decisión judicial defectuosa
De todo este esfuerzo es posible arribar
a la siguiente caracterización del caso central de decisión judicial
defectuosa:
i) el concepto de decisión judicial defectuosa incluye a: i.i) los delitos judiciales, por medio de los cuales los
jueces de forma maliciosamente contraria a derecho deciden, retardan o se
niegan a juzgar o lo hacen motivados corruptamente por dinero u otras dádivas; i.ii) las decisiones judiciales culposamente erróneas,
producto de una falsa representación del caso, del derecho o de cómo debe
razonar a partir de estas premisas el juez; y i.iii)
la prestación deficiente del servicio de justicia por parte del Estado no por
culpa de sus funcionarios sino por defectos institucionales o de organización
del sistema de servicio judicial lo que da origen a una “falta de servicio
institucional de justicia” (v. g., el retardo excusable de justicia);
ii) la decisión judicial, para ser
considerada defectuosa, debe ser: ii.i) corruptamente
originada o/y ii.ii) objetiva y gravemente contraria
a los hechos de la causa o al derecho: ii.i) al no
utilizar alguna de las herramientas u opciones interpretativas que le brinda el
sistema jurídico, ii.ii) produciendo un resultado
contrario al que el servicio de justicia debió llegar, ii.iii)
lo que permite diferenciar a la decisión judicial defectuosa de cualquier acto
de aplicación, interpretación o valoración de las normas, los hechos o las
pruebas que puedan resultar meramente opinables;
iii)
la decisión judicial que adolece
de una irregularidad o anomalía, afecta: iii.i)
la recta voluntad de quien decide; o su iii.ii)
competencia para decidir; iii.iii) o la forma; o iii.iv) su fundamento: iii.iv.i)
de hecho iii.iv.ii) de derecho, iii.iv.iii)
o la relación de estas premisas de su fundamento; o iii.v)
los efectos que pretende producir.
iv)el uso del sintagma decisión judicial defectuosa claramente tiene por
fin cumplir una función descalificadora, al buscar mostrar que la decisión
judicial defectuosa adolece de una anomalía o irregularidad que hace que no
pueda ser calificada como “decisión judicial” en sentido pleno.
v) los sistemas jurídicos buscan evitar, corregir, reparar y sancionar este
tipo de decisiones a fin de garantizar: v.i)
una serie de derechos y garantías constitucionales de los justiciables (v. g.,
la garantía del debido proceso, el derecho
a que toda sentencia esté fundada en ley y a la doble instancia); v.ii) la idoneidad ética y técnica de los funcionarios
judiciales; y, finalmente, v.iii) la confianza de la
ciudadanía en la administración de justicia,
Si tuviéramos que sintetizar el
caso central de la noción decisión judicial defectuosa podríamos decir que es
aquella que adolece de una irregularidad o anomalía que no permite considerarla
como una “decisión judicial” en su sentido pleno o conforme a su caso central.
Dicha anomalía puede producirse intencionalmente o negligentemente por un
funcionario judicial o por defectos institucionales o de organización del sistema
de servicio judicial. Las irregularidades de las decisiones judiciales
defectuosas se pueden encontrar en la intención corrupta o maliciosa de quien
las toma, en la extralimitación u omisión de las facultades/deber legalmente
establecidas para tomar esas decisiones, en el incumplimiento de la forma
legalmente establecida para esa decisión, en el fundamento de hecho o derecho
en que se las funda, en la relación entre estas premisas del fundamento o en
los efectos que de ellas se pretenden. Para que el fundamento de las decisiones
judiciales resulte defectuoso, dicho fundamento debe resultar objetiva y
gravemente contrario a los hechos de la causa o al derecho, produciendo, por
ello, un resultado contrario al que el servicio de justicia debió llegar, al no
utilizar alguna de las herramientas u opciones interpretativas que le brinda el
sistema jurídico[13]. Lo
anterior permite diferenciar a este tipo de decisiones judiciales defectuosas
de cualquier acto de aplicación, interpretación o valoración de las normas, los
hechos o las pruebas que puedan resultar meramente opinables. Finalmente, las
decisiones judiciales defectuosas afectan derechos fundamentales (v. g., debido
proceso, garantía de que toda sentencie esté fundada en ley y a la doble
instancia), en algunos casos, reflejan falta de idoneidad ética o técnica de
los funcionarios judiciales y erosionan la confianza de la ciudadanía en la
administración de justicia.
Si bien esta concepción
multifacética de la decisión judicial defectuosa ha sido construida con la
intención de ofrecer una comprensión focal de este fenómeno, pareciera que se
sitúa bien dentro del uso común de la expresión “decisión judicial anómala o
irregular”. En este sentido, podría decirse que la comprensión propuesta se
corresponde en buena medida con muchos fenómenos sociales existentes que son
considerados como ejemplos paradigmáticos de este tipo de decisiones. Solo
restaría recalcar que esta noción de decisión judicial defectuosa es construida
como su significado focal, no como su único sentido, capaz de excluir de la
referencia del término todo lo que no posea todas las mencionadas
características (Finnis, 2000, 304 ss.).
Todo este desarrollo nos permite,
además, reflexionar acerca de cuáles son las características centrales de las
decisiones judiciales correctas o no defectuosas. En este sentido, del desarrollo
de este trabajo se puede concluir que toda decisión judicial supone un
procedimiento y el resultado del procedimiento que lleva a cabo el juez
competente para resolver un problema con relevancia jurídica que ha sido
sometido a su conocimiento (Carbonell, 2022, 61 y 62). La decisión judicial
requiere, al menos, para ser correcta: i) ser dictada con intención de obrar de
forma lícita; ii) ser dictada por quien tiene competencia para ello, iii)
respetar la forma que cada jurisdicción exige para el dictado de este tipo de
decisiones, iv) fundar adecuadamente lo que se decide: al determinar las partes
y el objeto del litigio, fijar los hechos de la causa, establecer el derecho
aplicable, concluir una decisión que pueda derivarse en parte de las anteriores
premisas y definir unos efectos para ella. Todo esto haciendo uso de las
herramientas y opciones interpretativas aceptadas en una cada comunidad
jurídica.
El problema de dilucidar qué es
una decisión judicial defectuosa, irregular o anómala no es sencillo. Como se
ha mostrado, existen diferentes nociones de este fenómeno construidas para
diferentes contextos jurídico-profesionales. Sin embargo, esta no parece ser
una razón suficiente para asumir la contra-intuitiva afirmación de que estas
nociones son imposibles de ser tratadas racionalmente y que todo esfuerzo en
este sentido es meramente fingido o hipócrita. Por más que no parece existir un
elemento unificador de estas nociones, es posible buscar su caso central.
Este caso central, se obtiene o
construye poniendo en relación los datos que se recaban sobre un fenómeno, los
diferentes usos que se les dan a estas nociones, etc., con las razones por las
que se crean figuras, instituciones y, en este caso, recursos para prevenir,
sancionar, reparar o corregir las decisiones judiciales defectuosas. De este
esfuerzo se pudo concluir que existen diferentes clases de defectos judiciales,
pero todas ellas afectan a la decisión judicial que los padece de modo que ella
no puede ser considerada como el caso central de una decisión de este tipo.
A su vez, se advirtió que estas
irregularidades pueden producirse intencionalmente, negligentemente o por
defectos de la organización del sistema de justicia. Las mencionadas anomalías
pueden afectar a las intenciones con que se toma la decisión judicial, a la
definición y alcance de las facultades de quien la toma, su forma, fundamento
de hecho, derecho, la relación entre estas premisas o los efectos que de ella
se pretenden.
Dado que el derecho puede ofrecer
en algunos casos más de una respuesta correcta, para que una decisión judicial
sea considerada irregular ella debe, además, ser objetiva y gravemente
contraria a los hechos o al derecho, obviando utilizar algunas de las
herramientas u opciones interpretativas que le brinda el derecho. Esto ayuda a
diferenciar entre una decisión judicial defectuosa de aquellas que son
meramente opinables.
Finalmente, la razón porque este
tipo de anomalías buscan ser evitadas o prevenidas, sancionadas, reparadas o
corregidas es porque ellas tienen la capacidad de afectar derechos
fundamentales (v. g., debido proceso, derecho a una sentencia fundada en ley y
a la doble instancia), reflejar cierta falta de idoneidad ética o técnica de
los funcionarios judiciales y afectar la confianza de la ciudadanía en el
sistema de administración de justicia.
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apoya los resultados de este estudio no se encuentra disponible.
Editor responsable Miguel Casanova: mjcasanova@um.edu.uy
[1] Hay que reconocer que también existen otros
enfoques desde los que se puede abordar el problema de la decisión judicial
defectuosa. Por ejemplo, existen desarrollos desde la perspectiva del Derecho
internacional. En estos casos se analiza la responsabilidad del Estado por el
incumplimiento de alguna obligación internacional por medio de una decisión
judicial. A su vez, también existen otros regímenes que regulan las conductas
de los jueces. El incumplimiento de las obligaciones que establecen estos
regímenes puede dar origen a diferentes tipos o clases de responsabilidad. En
concreto, existe el régimen de responsabilidad disciplinaria-administrativa
cuyo fin es establecer cuándo los jueces han incumplido una regla de buena
praxis judicial, pudiéndosele aplicar una sanción por ello, que no suponga
afectar su continuidad en el cargo. Sin embargo, dado que el objeto de esta
investigación es la decisión judicial defectuosa y no la responsabilidad de los
jueces, el interés por esta clase de regímenes no es primario; sobre todo,
teniendo en cuenta que las inconductas reguladas por este régimen no
necesariamente conducen a una decisión irregular. Algo similar sucede con el
régimen de responsabilidad ética de los jueces. Con este régimen se examina la
conducta del juez a la luz de criterios de excelencia que deben guiar la conducta
de los magistrados (Santiago,
2006, 34 ss y passim).
Sobre los distintos enfoques desde los que se puede abordar el problema del
error judicial y la responsabilidad del Estado y de los jueces por dichas
irregularidades también puede verse: (Marienhoff,
1978, 363; Galli
Basualdo, 2006, 174; Andrada, 2017, 242).
[2] De hecho,
este trabajo utilizará como insumos diferentes sentidos de la noción decisión
judicial defectuosa propios de distintos contextos jurídico-profesionales de
Argentina (penal, procesal, civil, constitucional, administrativo, etc.). El
desarrollo de estos sentidos puede verse en: (Etcheverry, 2025, passim).
[3] Uno de los esfuerzos
más destacados entre los teóricos argentinos por explicar el concepto de
“arbitrariedad judicial” fue el realizado por Genaro Carrió: (Carrió, 1995). En
España han trabajo específicamente la cuestión del error judicial desde una
perspectiva de la filosofía del derecho (Malem Seña,
2009; García Amado, 2023 y Hernández Marín 2005). En Chile trabaja la cuestión
(Carbonell, 2023). En Paraguay (Mendonca, 1998).
[4] Si bien
Carrió aclara que su modo de estudiar el concepto de sentencia arbitraria es
por medio de una teoría descriptiva y local del derecho, pretende de dicho
esfuerzo suministrar las bases de una teoría general del acto de sentenciar (Carrió, 1995, 17). Mendonca y Malem Seña
expresamente reconocen o siguen el método propuesto para Carrió para explicar
qué sería un “error judicial”. Al respecto (Mendonca,
1998, n.10). Como se dijo, en el caso de Malem, por
un lado, sostiene que son condición suficiente y necesaria para que haya un
error judicial que para el caso exista una o más decisiones correctas y que la
decisión calificada como errónea no pueda ser subsumida en ninguna de las
mencionadas respuestas correctas. Sin embargo, por otro lado, citando a Carrió
sostiene que afirmar que una decisión judicial cumple con el test del “debido
proceso” significa que no adolece de las anomalías que pueden afectarla y que
las posibles anomalías que pueden afectarla son innumerables (Malem Seña, 2009, 14 y 15).
[5] Carrió
toma de Hart la idea de que los conceptos jurídicos poseen ciertas
características que en muchos casos hacen que “sea absurdo usar en conexión con
ellos el lenguaje de las condiciones necesarias y suficientes” (Carrió, 1995,
n. 9).
[6] Un ejemplo de ello puede encontrarse en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina cuando a través de la noción
de “sentencia arbitraria” habilita de forma excepcional un tipo de recurso ante
ella, denominado “extraordinario”. Por medio de los ejemplos en los que la
mencionada Corte Suprema admite un recurso extraordinario por considerar que la
sentencia que se recurre es “arbitraria”, por un lado, determina el contenido
de lo que sería un tipo de error judicial (el de la sentencia arbitraria) y,
por el otro, especifica de forma positiva el contenido de garantías
constitucionales como la “inviolabilidad de la defensa en juicio” (art. 18 de
la Constitución argentina) o la garantía de que toda sentencia debe estar
“fundada en ley” (art. 17 de la Constitución argentina).
[7] En el epígrafe
VI de este trabajo se presentan ejemplos de algunos de los desafíos recién
mencionados. Hemos explicado los
desafíos de este método para explicar el concepto de derecho en (Etcheverry,
2014, 151-170).
[8] Entre tantos otros autores, Carrió y Mosset
Iturraspe advierten este riesgo. Al respecto (Carrió, 1995, 45 y Mosset Iturraspe 1999, 12-13).
[9] Como
explica Moreso, en parte la posibilidad de que pueda
distinguirse claramente el carácter definitivo de unas sentencias de su
infalibilidad se puede explicar en que el Derecho está formado por diferentes
tipos de normas: primarias y secundarias y las secundarias que “confieren
poderes y las reglas de adjudicación en aquello que se refiere a la
determinación de los órganos jurídicos y de los procedimientos”; “las
resoluciones judiciales y administrativas que establecen las decisiones
individuales”; y “las reglas que establecen qué decisiones judiciales son
definitivas y los procedimientos para hacerlas cumplir por el resto de órganos
judiciales y administrativos”. La existencia de este tipo de normas son las que
aseguran cierta estabilidad al sistema jurídico de modo tal que el derecho sea
capaz de regir nuestra conducta de un modo razonable (Moreso,
2010, 85 ss.).
[10] Si bien Carrió utiliza un camino inverso, también
entiende que un análisis de las sentencias arbitrarias nos conecta con una
comprensión por oposición del acto de sentenciar. En concreto, en el capítulo
XVIII de su libro, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, esboza
una teoría del acto de sentenciar. (Carrió, 1995, cap. XIII).
[11] En este sentido, puede verse (Santiago, 2016, passim).
[12] Al respecto, cfr. entre otros, (Soler, 1994). En un mismo sentido, recientemente (Oribe y Valerga Aráoz, 2023).
[13] Chiassoni
precisa con detalle qué se puede entender por “interpretación correcta”. Al
respeto, distingue la noción genérica, aquí utilizada bajo el nombre de
“opciones interpretativas”, de seis nociones específicas: corrección
ontológica, metodológica, ideológica, jurisprudencial, doctrinal y cultural. De
este análisis se concluye que la omisión de estas distinciones ha llevada a “defender una (falsa) representación moderadamente
objetivista del derecho y moderadamente cognoscitivista de la
interpretación, así contribuyendo a preservar el mito del derecho como algo
que, por lo menos en algunas partes relevantes, no depende de las
operaciones de los intérpretes”. A nuestro juicio, desde el punto de vista
externo las mencionadas distinciones es posible que conduzcan a las
conclusiones que este autor propone. Sin embargo, asumida esta cuestión desde
el punto de vista de la razonabilidad práctica o punto de vista del juez, es
decir, de quien tiene que justificar o dar razones de por qué entiende una
determinada interpretación como correcta, es posible que sea necesario
reconstruir una noción de “corrección interpretativa” integral y más general (Chiassoni, 2024).