GONZALO F. IGLESIAS
ROSSINI - LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y EL RÉGIMEN
DE CAZA EN URUGUAY - https://doi.org/10.47274/DERUM/40.4
GONZALO F. IGLESIAS ROSSINI
Universidad de la República (Uruguay). LL.M. Environmental and Energy Law. Georgetown University Law Center
gfi2@georgetown.edu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9264-6658
Recibido: 30/10/2021
- Aceptado: 30/11/2021
Para citar
este artículo / To reference this article / Para citar este artigo Iglesias Rossini, G. F. (2021). La protección de la fauna y el régimen de caza en Uruguay. Revista de Derecho, 20(40), 71-87. https://doi.org/10.47274/DERUM/40.4
La protección de la fauna y el régimen 71
de caza en Uruguay
Resumen: El presente
artículo refiere a la protección de la fauna y el régimen de la caza en Uruguay.
En Uruguay la protección de la fauna y la regulación de la caza aparecen
reguladas desde hace muchos años. La Ley N° 9481, de 4 de julio de 1935, sigue siendo el marco jurídico
principal sobre el tema, reglamentada por sucesivos decretos. Si bien
estas normas fueron aprobadas antes de la aparición del propio Derecho Ambiental, claramente hoy las podríamos considerar como normas de conservación de la
biodiversidad. Más recientemente, la protección de la fauna aparece recogida
por varios instrumentos de gestión
ambiental, reconocidos por el artículo
7 de la Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000 (Ley General
del Ambiente), tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 16.466, de
19 de enero de 1994), el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 17.234,
de 22 de febrero de 2000), y el ordenamiento territorial (Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008).
Palabras clave: Derecho Ambiental,
Biodiversidad, Fauna, Caza.
The
protection of fauna and the hunting regime
in Uruguay
Abstract: This article
refers to the protection of fauna and the hunting
regime in Uruguay.
In Uruguay, the protection of fauna and the regulation of hunting have been regulated for many years.
Law No. 9481, dated July 4, 1935, continues to be the main
legal framework on the subject, regulated by successive decrees. Although these regulations were approved
before the appearance of Environmental Law itself, clearly today we shall consider them as norms for the conservation of biodiversity. More recently, the protection of fauna is covered by various
environmental management instruments, recognized by article 7 of Law No. 17,283, dated November 28, 2000
(General Environemntal Law), such as the Environmental Impact Assessment (Law No. 16,466, dated January
19, 1994), the National System of Protected Natural Areas (Law No. 17,234,
dated February 22, 2000), and land use planning (Law No. 18,308,
dated June 18, 2008).
Key words: Environmental
Law, Biodiversity, Fauna, Hunting.
72
A proteção da fauna e o regime
de caça no Uruguai
Resumo: Este artigo
se refere à proteção da fauna e ao regime
de caça no Uruguai. No Uruguai, a proteção da fauna e a regulamentação da caça estão regulamentadas há muitos anos. A Lei nº 9.481,
de 4 de julho de 1935, continua
sendo o principal marco legal na matéria, regulamentada por decretos sucessivos. Embora essas normas
tenham sido aprovadas antes do surgimento do próprio Direito Ambiental, é claro
que hoje podemos considerá-las como normas para a conservação da biodiversidade. Mais recentemente, a proteção da fauna aparece amparada por diversos
instrumentos de gestão ambiental, reconhecidos pelo art. 7º da Lei nº 17.283, de 28 de novembro de 2000 (Lei Geral
do Meio Ambiente), como o Estudo de Impacto Ambiental (Lei nº 16.466, de 19 de janeiro de 1994), o Sistema Nacional
de Áreas Naturais
Protegidas (Lei nº 17.234, de 22 de fevereiro de 2000) e o ordenamento territorial (Lei nº 18.308, de 18 de junho de 2008).
Palavras-chave: Direito ambiental, Biodiversidade, Fauna, Caça.
1. Introducción
La normativa de protección de la fauna busca evitar la desaparición de ciertas especies (Mantero, 1995, p. 230). En Uruguay la protección de la fauna y la regulación de la caza aparecen
reguladas desde hace muchos años. La Ley Nº 9481, de 4 de julio de 1935, sigue siendo el marco jurídico principal
sobre el tema, reglamentada por sucesivos decretos.
Si bien estas normas fueron aprobadas antes de la aparición del propio Derecho Ambiental, claramente hoy las podríamos considerar como normas de conservación de la biodiversidad. Tal como es reconocido por la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del Uruguay1.
Incluso antes, el
Código Civil, sancionado en 1868, regulaba la caza, como una forma de ocupación (art. 706), y de
adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie (Mantero,
1995, p. 229)2. Es más, según cierto sector de la doctrina la normativa proteccionista de la fauna, comienza casi con la declaratoria de la dependencia nacional,
por ejemplo, al aprobar el Decreto de 10 de junio de 1881 sobre la caza
de avestruces3. Sin embargo,
esta normativa tuvo poca efectividad, debido a la imposibilidad de hacerla cumplir en un medio rural despoblado, la falta de medios de comunicación y transporte, y las
guerras civiles de la época
(Mantero, 1995, p. 230).
Más recientemente, la protección de la fauna aparece recogida por varios instrumentos de gestión ambiental, reconocidos por el artículo 7 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000 (Ley General del Ambiente), tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (Ley
Nº 16.466, de 19 de enero de 1994), el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas 73
(Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000), y el ordenamiento territorial (Ley Nº 18.308, de 18
de junio de 2008).
Además, esta normativa aparece complementada por diversas normas internacionales que han sido aprobadas por nuestro país. A vía de
ejemplo, la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) ratificado por Decreto-Ley Nº 14.205, de 4 de junio de 1974, en virtud del cual se regula el comercio internacional de especies silvestres.
En el presente
estudio abordaremos: conceptos generales de la diversidad biológica (Capítulo 2); el marco general sobre la protección de la fauna y la regulación de la caza
(Capítulo 3); concepto de fauna silvestre (Capítulo 4); concepto de caza
(Capítulo 5); los tipos de caza
lícita (Capítulo 6); el régimen de los criaderos de fauna (Capítulo 7); prohibiciones relativas a la caza
(Capítulo 8); las competencias en materia de fauna (Capítulo 9); régimen sancionatorio (Capítulo 10); contralor (Capítulo 11); el delito de caza (Capítulo 12); instrumentos de gestión ambiental que protegen la fauna
(Capítulo 13). Por último,
en el Capítulo 14 se abordarán las conclusiones de la presente
investigación.
1
Disponible online en: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/documento-estrategia- nacional-biodiversidad-2016-2020
2
El artículo 706 del Código Civil reza lo
siguiente: “La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no
es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. (Artículos 481 y
482). Son especies de ocupación la caza
y la pesca y también invención o
hallazgo”.
3
Algunos autores consideran que la preocupación de la fauna en nuestro país ha existido desde antes de la creación del Estado uruguayo.
Ver: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/especies-prioritarias-para-conservacion
2.
La diversidad biológica
Según la Estrategia Nacional
para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del Uruguay, la pérdida de hábitat natural, la
explotación insostenible de los recursos
naturales y el cambio climático, han llevado a que la tasa de extinción de especies en el mundo haya aumentado a tasas sin precedentes. Uruguay es parte de esta realidad,
al punto que más de la mitad de los mamíferos, peces y moluscos están
amenazados4. Recordemos
que a comienzos del siglo XX muchas especies ya se encontraban extintas en nuestro país, tales como los
carnívoros mayores que atacaban el ganado, así como muchas especies cuya piel o plumas eran de alto valor comercial
(Manteo, 1995, p. 230).
Esta preocupación
motivó la aprobación de diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentra el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Uruguay por Ley Nº 16.408, de 27 de agosto de 1993. Dicho Convenio fue suscrito el 9
de junio de 1992, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.
Dicho Convenio tiene como objetivo
la conservación de la diversidad biológica.
La diversidad biológica es definida por el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica como la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos
y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies
y de los ecosistemas. Es decir, la diversidad biológica
74 es la forma de vida en todas sus formas, niveles
y combinaciones: plantas, animales, microorganismos,
ecosistemas, y procesos ecológicos de los que aquellos forman parte (Kemelmajer De Carlucci, 2016).
La conservación de la diversidad biológica se encuentra dentro del elenco de materias declaradas de interés general por el
art. 1º de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000, de conformidad con el art. 47 de la Constitución de la
República. Dicho artículo consagra
que la protección del ambiente es de interés general. Artículo que ha sido un hito para el desarrollo del Derecho Ambiental, aunque presenta algunas críticas que han
sido analizadas por la doctrina (Iglesias Rossini, 2020).
3. Marco general sobre la
protección de la fauna y la regulación de la caza
El marco general de la protección de la fauna se encuentra regulado por la Ley Nº 9481, de 4 de julio de 1935. Dicha ley
regula la protección de la fauna indígena, quedando
bajo el contralor y reglamentación del Estado la conservación y explotación de todas las especies zoológicas silvestres (mamíferos, aves, etc.), que se encuentran en cualquier
época en el territorio de la República. El artículo 3º de la Ley Nº 9481, establece
la regla general que involucra la prohibición dentro del territorio
nacional de la caza de especies
zoológicas indígenas o libres salvo las excepciones establecidas en el art. 5º.
4 Disponible online en: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/documento-estrategia- nacional-biodiversidad-2016-2020
Es decir,
según el régimen
general, en Uruguay
se puede cazar,
siempre que el Poder Ejecutivo lo permita. En otras palabras,
solamente se pueden cazar las especies que el
Poder Ejecutivo determine y en los períodos fijados por éste (Gelsi, 1994, p. 265). Aunque
este régimen prevé
diversas excepciones que analizaremos en el presente
estudio.
El art. 5º de la
Ley Nº 9481 dispone que el Poder Ejecutivo establecerá qué especies serán motivo de caza, indicando en la
reglamentación la duración de los períodos de
caza y los límites que se acuerdan a la venta y a la explotación de
dichas especies y sus derivados. El artículo 111 del Código
Rural (aprobado por Ley Nº 10.024, de 14 de junio de 1941) complementa esta disposición al
prever que el Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que se permitirá cazar
y los animales que pueden
ser objeto de caza.
La Ley Nº 9481 fue
reglamentada por el Decreto Nº 164/996, de 2 de mayo de 1996. El art. 1º del Decreto Nº 164/996 mantiene
en vigor la prohibición de la caza, tenencia,
transporte, comercialización e industrialización de todas las especies zoológicas silvestres y sus productos, existentes en el
territorio nacional y la destrucción de sus refugios, madrigueras, nidos y sus hábitats en general. Todo esto, salvo las excepciones establecidas por el
propio Poder Ejecutivo.
Por otro lado, si bien no es el foco del presente estudio, lo que refiere a la fauna marina se regula principalmente por la Ley Nº 19.175, de 20 de
diciembre de 2013, por la que se declaró
de interés general
la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible y el
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas
que los contienen. Dicha ley ha sido reglamentada por el Decreto
Nº 115/018, de 24 de abril
de 2018. 75
4. Concepto de fauna silvestre
El Decreto Nº
565/981, de 6 de noviembre de 1981, define a la fauna silvestre como el conjunto de todas las especies animales
que viven en estado salvaje, sin domesticar,
en todo el ámbito jurisdiccional de la República, declarándose que las
mismas revisten interés nacional.
Asimismo, aclara que la fauna silvestre está compuesta por especies autóctonas (fauna indígena) y por especies introducidas (fauna exótica)5.
Esta distinción
entre especies autóctonas e introducidas es bien importante, ya que las especies exóticas han sido
identificadas como una de las causas de la pérdida de la biodiversidad. En Uruguay
por ejemplo la introducción del jabalí he generado diversos
daños, lo que conllevó a que fuera
declarada plaga nacional
mediante el Decreto
Nº 463/982, de 15 de diciembre de 1982.
Esto ha llevado a
que se apruebe un régimen de control de este tipo de especies exóticas.
De conformidad con el artículo
273 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, la introducción al país, tenencia,
transporte, comercialización, difusión y suelta en el medio natural de especies de fauna exótica
susceptibles de tornarse
silvestres, requerirá
5 El Decreto Nº 514/001,
de 26 de diciembre de 2001, aprobó la nómina oficial de especies de vertebrados tetrápodos de la fauna silvestre.
autorización, la que la negará en caso
que la misma implique la posibilidad de una alteración del equilibrio ecológico
o de causar daños graves
a la producción nacional.
El literal
g del art. 2º del Decreto Nº 164/996, define
a la especie protegida como toda especie de la fauna silvestre cuya caza se encuentra prohibida, así como aquellas especies de caza autorizada, al estarse fuera de temporada
de caza deportiva
o comercial o fuera de las condiciones de autorización en el caso de caza científica y caza de control.
Más recientemente,
el artículo 2 del Decreto Nº 82/000, de 29 de febrero de 2000, definió
a los animales silvestres como aquellos: “(…) pertenecientes a todas las especies zoológicas vertebradas que generalmente
se han criado sin intervención humana y naturalmente tienden
a vivir libres
e independientes de los seres humanos, aun cuando se encuentren en cautiverio”. Asimismo,
el artículo 4 del Decreto
Nº 82/000 reconoció
a la fauna silvestre como patrimonio nacional,
estableciendo la obligación de todos los habitantes de la República de
colaborar en su protección, conservación, fomento y aprovechamiento racional.
5.
Concepto de caza
En Uruguay el acto
de caza no comprende únicamente el hecho de dar muerte a un ejemplar de las especies protegidas de la
fauna silvestre. El lit. a del art. 2º del Decreto Nº 164/996, de 2 de mayo de 1996, define a la caza como: “la acción de perseguir, acosar,
76 colocar cebos tóxicos, envenenar fuentes de alimento, montar trampas, redes, pegamentos u otras artes,
utilizar canes para dar captura,
colectar huevos, destruir
o alterar sitios
de reproducción, nidadas
o madrigueras y disparar con arma sobre ejemplares de especies protegidas de la fauna silvestre, así
como el hecho consumado de atraparlas o darles
muerte”.
Es decir, aun
cuando no se diere muerte a un animal, el hecho de acosar o haber atrapado un animal constituye un acto de
caza, pasible de ser sancionado con multa por el Ministerio de Ambiente.
El Código Rural,
aprobado por Ley Nº 10.024, de 14 de junio de 1941, también contiene disposiciones sobre la caza. El
artículo 111 del Código Rural establece que el
Poder Ejecutivo determinará las condiciones en que se permitirá cazar y
los animales que pueden
ser objeto de caza.
6.
Tipos de caza lícita
El art. 2º del
Decreto Nº 164/996, define los distintos tipos de caza lícita: (i) caza deportiva (lit. b); (ii) caza o colecta científica
o con fines educativos (lit. c); (iii) caza de
control (lit. d); (iv) caza comercial (lit. e); y (iv) libre caza (lit. f).
Según el artículo 4 del Decreto Nº 164/996, para realizar la práctica de las modalidades de caza deportiva, científica, comercial y de control,
los interesados deberán
obtener un “Permiso de Caza”. Las especies de libre caza no requieren
la tramitación de un permiso
de caza.
A. Caza deportiva
La caza deportiva está regulada por normas generales y por decretos anuales, los cuales establecen las especies
de caza autorizada, las respectivas temporadas de caza, las áreas habilitadas y la cuota diaria de
ejemplares6. De conformidad con el lit. b del art. 2º del Decreto Nº 164/996, la casa deportiva es
la acción lícita de capturar o abatir mediante
formas autorizadas, ejemplares de especies de la fauna silvestre con fines de recreación, respetando cuotas permitidas, zonas y
temporadas habilitadas. Es decir, existen tres
grandes restricciones que se pueden imponer en relación a la caza
deportiva: (i) cuotas permitidas
(número de ejemplares autorizado a cazar); (ii) zonas; y (iii) temporadas habilitadas.
La actividad de caza deportiva se reglamentó por el artículo 11 del Decreto Nº 164/996, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto Nº
269/000, de 13 de setiembre de 2000.
En este sentido, se dispuso que las especies habilitadas para caza deportiva,
la apertura y extensión de las
temporadas de caza, el número de ejemplares autorizado a cazar y transportar, los sitios o zonas habilitadas según la especie, serán establecidos por
decreto anual del Poder Ejecutivo, antes del 30 de setiembre
del año previo a la entrada en vigencia de dicho Decreto de autorización, basado en informe técnico. Asimismo,
se establece que si el respectivo decreto de autorización no fuera
dictado en el término establecido quedará prorrogado en forma automática, por un año más, el decreto anterior.
Es importante destacar que los productos obtenidos
de la caza deportiva no pueden ser objeto de comercio, salvo
autorización expresa, de conformidad con el art. 6 del
Decreto Nº 164/996. 77
La caza deportiva
requiere de regla un permiso de caza. Los permisos de caza deportiva son actualmente otorgados por el
Ministerio de Ambiente, de conformidad con el artículo 153 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011. Anteriormente éstos eran otorgados
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de conformidad con el
art. 275 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero
de 1996.
El permiso de caza deportiva tiene ciertas características: (i) es personal e intransferible;
(ii)
tiene validez nacional;
y (iii) su vigencia es de 15 (quince) días consecutivos a partir de la fecha de expedición o de la fecha de
inicio de vigencia que establezca el permiso
(art. 5 del Decreto Nº 164/996). Este permiso establece además las armas
a utilizar, y deberá portarse
en todo momento acompañando los frutos de la caza (art. 6 del Decreto
Nº 164/996).
Algunos ejemplos
de especies de caza deportiva permitidas son: perdiz, torcaza, paloma alas manchadas, paloma de monte, y ciervo axis7. Asimismo, en aras de proteger la diversidad biológica
se han suspendido la autorización de caza deportiva
de algunas especies8.
6
A vía de ejemplo, el Decreto Nº 104/000, de 5 de abril del 2000, estableció una lista de especies
autorizadas para caza deportiva, previendo que el ajuste de las cuotas de
ejemplares autorizados a cazar, deberá realizarse en función de los resultados
de los censos de las poblaciones silvestres y de la incidencia de otros factores,
a fin de lograr la sustentabilidad de las mismas.
7
Ver: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/permisos-tenencia-caza-deportiva
8
A vía de ejemplo, por Decreto Nº 308/018, de 27
de setiembre de 2018,
se suspendió por 2 (dos) períodos de caza,
la autorización de caza deportiva y el transporte de ejemplares de las especies
Pato cara blanca (Dendrocygna viduata), Pato maicero (Anas georgica)
y Pato picazo (Netta
peposaca).
B.
Caza o colecta científica o con fines educativos
De conformidad con
el lit. c del art. 2º del Decreto Nº 164/996, la caza o colecta científica o con fines educativos, es la
acción lícita de capturar o abatir, mediante
formas autorizadas, ejemplares de especies de la fauna
silvestre, con destino
a museos, zoológicos, proyectos de investigación, acciones educativas o de divulgación.
La caza científica requiere de regla un permiso de caza. Los permisos de caza científica son actualmente otorgados por el Ministerio de Ambiente, de conformidad con el artículo 153 de la Ley Nº 18.834, de 4 de
noviembre de 2011. De conformidad con el inciso final del art. 5 del Decreto
Nº 164/996, los permisos de caza científica, tendrán la vigencia
que se estipulase en la
resolución de habilitación en cada caso particular. Asimismo, dicho permiso establecerá las condiciones que
regirán en el uso de dicho permiso (art. 7 del
Decreto Nº 164/996). El incumplimiento de estas condiciones es pasible de ser sancionado por el
Ministerio de Ambiente.
Es importante
destacar que los productos obtenidos de la caza científica no pueden ser objeto de comercio, salvo
autorización expresa, de conformidad con el art. 6 del Decreto Nº 164/996.
C.
Caza de control
De conformidad con el lit. d del art. 2º del Decreto
Nº 164/996, la caza de control es la acción lícita de capturar, abatir, destruir refugios,
sitios de reproducción, nidos o
78 madrigueras, con arreglo a una metodología o plan
de manejo integrado, dirigida a eliminar
ciertos individuos o subpoblaciones, o reducir el tamaño poblacional de especies protegidas de la fauna
silvestre, ante casos
de daños o perjuicios comprobados, por las oficinas técnicas competentes, a otras
especies silvestres o bien a haciendas, mejoras o cultivos, así como afectación a seres humanos.
La caza de control
requiere de regla un permiso de caza. Los permisos de caza de control
son actualmente otorgados por el Ministerio de Ambiente, de conformidad con el artículo 153 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011.
De conformidad con el inciso final del art. 5 del Decreto
Nº 164/996, los permisos de caza de control, tendrán
la vigencia que se estipulase en la resolución de habilitación en cada
caso particular. Asimismo, dicho permiso establecerá las condiciones que
regirán en el uso de dicho permiso
(art. 7 del Decreto Nº 164/996). El incumplimiento de estas condiciones es pasible de ser sancionado por el Ministerio de Ambiente.
Es importante destacar que los productos obtenidos de la caza de control
no pueden ser objeto de comercio, salvo autorización
expresa, de conformidad con el art. 6 del Decreto
Nº 164/996.
D. Caza comercial
De conformidad con
el lit. e del art. 2º del Decreto Nº 164/996, la caza comercial es la acción lícita de capturar o abatir
ejemplares de especies de la fauna silvestre, con destino a comercio
de los mismos o de sus productos, respetando modalidades y cuotas permitidas, sitios y periodos habilitados. Se entenderá incluida dentro de esta modalidad
de caza, la extracción de ejemplares del medio silvestre como pie de cría para criaderos
habilitados oficialmente. Asimismo, de conformidad con dicho artículo, la caza comercial sólo podrá ser practicada por personas residentes.
La caza comercial requiere de regla un permiso de caza. Los permisos de caza comercial son actualmente otorgados por el Ministerio de Ambiente, de conformidad con el artículo 153 de la Ley
Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011.
A diferencia de la caza de control y científica, en las cuales los productos obtenidos no pueden ser
objeto de comercio, salvo autorización expresa, este tipo de caza sí permite llevar
a cabo esta actividad.
Existen zafras
anuales de caza. Algunos ejemplos de especies de caza comercial son la nutria9
y la liebre10.
E. Libre caza
De conformidad con
el lit. f del art. 2º del Decreto Nº 164/996, la libre caza es la acción lícita de abatir o capturar
ejemplares de especies de la fauna silvestre nacional expresamente listadas
a por la normativa.
Este artículo
debe ser complementado con el art. 10 del referido Decreto,
el cual lista especies de libre caza, en donde
no se requerirá tramitación de permiso de caza, en todo el territorio nacional, así como la comercialización de ejemplares o sus productos, todo ello con
sujeción a lo establecido en disposiciones de alcance general en la normativa vigente. Entre dichas especies podemos encontrar el jabalí11, la cotorra, y el garibaldino12.
79
7. Criaderos de fauna
El Decreto
Nº 186/002, de 23 de mayo de 2002, autoriza
la instalación de criaderos de especies animales
de fauna silvestre
en régimen de cautividad. El artículo 2 del Decreto
Nº 186/002 define por criadero
en régimen de cautividad, aquellos
establecimientos en cuyas
instalaciones se lleven a cabo la reproducción y crianza de ejemplares de especies de la fauna silvestre nacional,
en confinamiento y con estricta separación de
las poblaciones salvajes.
De conformidad con
el artículo 3 del Decreto Nº 186/002 se autoriza la tenencia, comercialización, industrialización y transporte de los animales
y sus productos, provenientes de los
criaderos habilitados.
9
Según el Ministerio de Ambiente: “Abonan
los permisos para nutria los propietarios de campos donde vive la especie. Los cazadores de nutria (“nutrieros”) deben
estar expresamente identificados en el permiso del campo. Abonan los permisos
para liebre los establecimientos de faena donde se remiten los ejemplares. Los cazadores individuales no abonan permiso.
Ver: https:// www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/permisos-tenencia-caza-deportiva
10
La liebre puede considerarse tanto una
especie de caza comercial, así como de caza deportiva (existe temporada, pero
no hay límite de ejemplares y no se
requiere permiso de caza personal). Ver: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas- y-gestion/permisos-tenencia-caza-deportiva
11
El Decreto Nº 463/982, de 15 de diciembre
de 1982, declaró plaga nacional al Jabalí europeo (Sus escofra) autorizándose
su libre caza, transporte, comercialización e industrialización, en todo el territorio nacional.
12
El garibaldino, conocido como “pájaro
negro del arroz”, fue declarado plaga nacional por Decreto Nº 475/991, de 4 de setiembre
de 1991.
8.
Prohibiciones relativas a la caza
Existen restricciones de carácter general,
que se aplican a todos los tipos de caza, aun cuando se tratare de especies de libre caza. A continuación analizaremos cada una de ellas:
A.
Prohibición de caza nocturna, desde
vehículo, con armas de fuego o zonas sensibles
Queda prohibida la
caza por la noche, desde vehículos, con armas de fuego dentro de un radio de tres quilómetros de centros
poblados o escuelas rurales, en caminos públicos
o sin consentimiento del propietario y ocupante de predio rural13 (art. 3 Decreto Nº 164/996).
Estas
prohibiciones aplican aun cuando se tratare de especies de libre caza, como el jabalí.
Es decir, de conformidad con este artículo,
no está permitido la caza de jabalí
por la noche o desde
vehículos (incluso helicópteros), aun cuando este tipo de caza puede realizarse sin permiso de caza.
Estas
prohibiciones buscan evitar situaciones que podrían poner en peligro a otras personas. De igual modo, la prohibición de cazar con armas de fuego dentro de un radio de tres quilómetros de centros poblados o escuelas rurales, así como en caminos públicos.
B. El transporte y la circulación de caza viva o muerta
o de sus
80 productos durante
el principio de veda
De conformidad con el art. 116 del Código Rural, durante la veda, ninguna
empresa de transporte admitirá como carga o encomienda los animales vivos o muertos cuya caza esté prohibida, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 112 (animales dañinos).
C. Prohibición de cazar en plazas, parques
y caminos públicos
El artículo 118
del Código Rural prohíbe la caza en plazas, parques y caminos públicos. Estas prohibiciones buscan
evitar situaciones que podrían poner en peligro a otras personas.
9.
Competencias en materia de fauna
Históricamente las
competencias de fauna estaban en cabeza del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A vía de
ejemplo, el art. 275 de la Ley N° 16.736, estableció que los permisos de caza de ejemplares de fauna silvestre serán otorgados por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y creó una tasa por la expedición
de dichos permisos. Asimismo, se
dispuso que estaría exonerada de la tasa, la expedición de permisos de caza de las especies
que se destinen a zoológicos, reservas de fauna o
13 El artículo 121 del Código Rural prohíbe cazar en sitio cerrado,
sin permiso de su dueño, y sin perjuicio de lo que dispone el artículo
357 del Código Penal.
instituciones de carácter científico o
educativo nacionales y a solicitud fundada del
organismo beneficiario.
Posteriormente,
esta competencia fue transferida para el entonces Ministerio de Ambiente (antes, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente).
En este sentido, el artículo
153 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, dispuso
que los cometidos asignados a la División Áreas Protegidas y Fauna de la
Dirección General de Recursos
Naturales Renovables Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pasarían a la Dirección Nacional de Medio
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Asimismo,
se dispuso la transferencia de los
créditos, personal y puestos de trabajo correspondientes, así como las
atribuciones para el cumplimiento de sus fines,
en la forma que establezca la reglamentación. Dicho
artículo fue posteriormente reglamentado por el Decreto N° 32/015, de 23 de
enero de 2015.
10. Régimen sancionatorio
El artículo 6 de la Ley Nº 9.481 establece que las infracciones a la ley son sancionadas con multa. El artículo 8 de dicha ley aclara que quedan comprendidos en las responsabilidades de las multas todos los ocupantes o encargados de los predios particulares, que de manera directa o indirecta, autoricen a facilitar
la caza o el comercio
de las especies prohibidas,
al igual que las personas que ejerzan su comercio. 81
El
artículo 508 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, dispuso que las infracciones a lo dispuesto en los
artículos 273 y 276 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y en general al régimen de protección y regulación de
la fauna silvestre, serán sancionadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(actualmente, el Ministerio de Ambiente), de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de
1990, con la modificación introducida por el
artículo 366 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y en el
artículo 15 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000, sin perjuicio de la adopción
de las medidas previstas
en el artículo 14 de dicha ley y de la facultad del Poder Ejecutivo prevista en el artículo
455 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.
En este sentido,
el Ministerio de Ambiente, se encuentra habilitado a imponer la sanción de apercibimiento cuando la
infracción es considerada leve y los infractores carecen de antecedentes (lit. A del art. 15 de la Ley Nº 17.283).
A vía de ejemplo, esto ha sido llevado
a cabo en los siguientes casos:
1. Resolución Ministerial Nº 1500/2017, de 28 de
setiembre de 2017, por la que se sancionó
con apercibimiento por la caza y tenencia de un ejemplar de mulita, en contravención al Decreto 164/996,
de 2 de mayo de 1996.
2. Resolución Ministerial Nº 1499/2017, de 28 de
setiembre de 2017, por la que se sancionó
con apercibimiento por haber incurrido en un acto de caza de acuerdo con el artículo
3º del Decreto Nº 164/996,
de 2 de mayo de 1996, al salir de un
campo privado en un vehículo y estando
con un arma fuera de funda y cargada, en infracción a la normativa de protección de fauna silvestre14.
Pero además, el Ministerio de Ambiente podrá sancionar con multa, la cual dependerá de varios factores, como la cantidad de especies que fueron cazadas, entre otros factores. Muchas
sanciones al art. 1º del Decreto 164/996,
de 2 de mayo de 1996, en lo relativo
a la caza, tenencia y transporte de especies zoológicas silvestres, son
publicadas en el Diario
Oficial, por no poder encontrarse el domicilio de los infractores. A vía de ejemplo:
1. Resolución Ministerial Nº 519/2019, de 4 de abril
de 2019, por la por la tenencia, transporte
y comercialización de ejemplares de aves silvestres (dos dorados, y cuatro halcones)15.
2. Resolución Ministerial Nº 1062/2017, de 14 de julio de 2017, por la cría y tenencia de fauna exótica
(erizos africanos) sin autorización, en contravención a lo establecido en el artículo 273, de la Ley 16.736, de 5 de enero de 1996, y
en el artículo 507 de la Ley 19.355,
de 30 de diciembre de 201516.
Además de la multa,
muchas veces se sanciona con el decomiso
de los implementos de caza
que fueron previamente intervenidos, incluyendo las armas; de conformidad con el art. 15 de la Ley Nº 17.283. Por lo general se levanta la incautación preventiva de los vehículos. A vía de ejemplo, por Resolución Ministerial
Nº 327/2019, de 22 de febrero
de 2019, se dispuso el decomiso de los implementos de caza incluyendo las armas
incautadas, por la caza de tres ejemplares de tatú y un ejemplar
de mulita, en infracción
82 a la normativa de protección de fauna silvestre17.
En
lo que refiere al decomiso de animales silvestres vivos, el artículo 285 de la
Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996,
dispuso que deberá procederse a su suelta donde los servicios técnicos lo indiquen, sin perjuicio de su entrega a reservas de fauna o zoológicos, su reintegro al país de origen, a costa del infractor, o su sacrificio por razones sanitarias, según corresponda.
Por último, destacamos que el art. 170 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, establece que el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (actualmente, el Ministerio de Ambiente), cuando corresponda la imposición de sanciones por infracción a las normas de protección
de la fauna, podrá, en forma acumulativa con otras sanciones, proceder
al decomiso de las armas, artes de caza y equipos para el
depósito y conservación de los frutos de la caza, cualquiera sea la gravedad de
la infracción, y el propietario de
los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal C) del artículo
15 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000.
14 https://www.impo.com.uy/bases/avisos/25454-2017/1
15 https://www.impo.com.uy/bases/avisos/11433-2019
16 https://www.impo.com.uy/bases/avisos/10125-2019
17 https://www.impo.com.uy/bases/avisos/8839-2019
11. Contralor
El art. 208 de la Ley Nº 16.320,
de 1 de noviembre de 1992, comete
a los funcionarios policiales, y aduaneros de la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción, e inspectivos de la División Fauna de la Dirección
General de Recursos Naturales Renovables, el
contralor y represión de ilícitos contra la fauna silvestre y el monte
indígena en todo el territorio nacional. Asimismo, se establece que incurrirán en falta grave los funcionarios antedichos que en conocimiento de ilícitos o acciones depredatorias de la fauna silvestre o el monte indígena
no adopten medidas conducentes a su represión.
Posteriormente, el Decreto Nº 294/020, aprobó el reglamento de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural del Ministerio del Interior.
Dentro de los cometidos de dicha Dirección Nacional
se encuentra controlar
en conjunto con los organismos estatales con competencia específica, la caza, tenencia, traslado, comercialización e industrialización de la fauna y especies
protegidas o en peligro de extinción (lit. g del art. 2º).
12. El delito de caza
Como menciona la
doctrina la caza muchas veces está de la mano de violaciones conexas,
como la propiedad del titular del campo (Gelsi, 1994, p. 262).
Bajo el nomen iuris de caza abusiva se establece en el artículo
357 del Código Penal
el delito por el cual una persona cazare en fundo ajeno, contra la expresa prohibición 83
del legítimo
ocupante. Este delito
se castiga con la misma pena que el delito
del artículo 356 del Código
Penal (penetración ilegítima
en el fundo ajeno). Es decir, será castigado con 10 U.R. (diez unidades reajustables) a 100 U.R. (cien unidades reajustables) de multa.
13. Instrumentos de gestión ambiental que protegen
la fauna
La protección de
la fauna se realiza también a través de diversos instrumentos de gestión
ambiental, reconocidos por el artículo
7 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000 (Ley General del Ambiente), tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994), el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000), y el ordenamiento territorial
(Ley Nº 18.308, de 18 de junio
de 2008).
A. Evaluación de Impacto Ambiental
La Ley Nº 16.466,
de 19 de enero de 1994, establece el régimen de la Evaluación de Impacto Ambiental en Uruguay. Dicha ley ha sido reglamentada por el Decreto
Nº 349/005, de 21 de setiembre de 2005 (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales).
En lo que respecta
al tema que nos compete, el Decreto Nº 349/005 establece el contenido
que debe tener los Estudios
de Impacto Ambiental.
La Parte I corresponde a las características del ambiente receptor,
en la que se describirán las principales
características del entorno, se evaluarán las afectaciones ya existentes y se identificarán las áreas sensibles
o de riesgo. Todo ello se realizará en tres aspectos:
(i) medio físico;
(ii) medio biótico;
y (iii) medio antrópico. Dentro del medio biótico se encuentra la fauna.
Por lo tanto, la fauna también
es un elemento a considerar y abordar en los Estudios
de Impacto Ambiental.
B.
La protección de la fauna a través de las áreas naturales
protegidas
En Uruguay el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue consagrado legalmente a través de la Ley N.º 17.234,
de 22 de febrero de 2000; posteriormente reglamentado
por Decreto N.º 52/005, de 16 de febrero de 2005. Las áreas naturales protegidas y la fauna aparecen claramente
ligadas. De hecho, uno de los objetivos específicos del Sistema Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas es justamente la conservación de la
fauna autóctona en peligro o amaneadas de extinción (lit. A del art. 2 de la Ley
Nº 17.234).
Las medidas de
protección (limitaciones o prohibiciones) aplicables a las áreas protegidas son impuestas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ambiente, y aparecen reguladas por el artículo 8 de la Ley N.º 17.234.
En el marco de
dicho artículo es frecuente que en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se
establezca las siguientes prohibiciones: (i)
la recolección, muerte,
daño o provocación de molestias
a animales silvestres terrestres
84 y marinos, incluyendo la captura en vivo y la recolección de sus huevos
o crías; y (ii) la actividad de caza.
A vía de ejemplo, lo podemos visualizar en las siguientes áreas protegidas incorporadas al Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas:
a) Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay
(Decreto N.º 579/008,
de 27 de noviembre de 2008; Decreto N.º 343/015,
de 16 de diciembre de 2015).
b)
Valle del Lunarejo (Decreto N.º 476/009, de 14 de octubre
de 2009).
c)
Cerro Verde (Decreto
N.º 285/011, de 10 de agosto
de 2011).
d)
Rincón de Franquía (Decreto N.º 121/013,
de 17 de abril de 2013).
e)
Grutas del Palacio (Decreto N.º 153/013,
de 21 de mayo de 2013).
f) Laguna Garzón (Decreto
N° 341/014, de 21 de noviembre de 2014; Decreto
Nº 388/014, de 29 de
diciembre de 2014).
g)
Montes del Queguay (Decreto N.º 343/014,
de 25 de noviembre de 2014).
h)
Humedales de Santa Lucía (Decreto N.º 55/015, de 9 de febrero de 2015).
i) Esteros y Algarrobales del Rio Uruguay
(Decreto N.º 341/015,
de 16 de diciembre de 2015).
j)
Isla de Flores (Decreto
N° 43/018, de 23 de febrero de 2018).
k)
Paso Centurión
y Sierra de Ríos (Decreto
N° 198/019, de 8 de julio de 2019).
l)
Laguna de Castillos (Decreto
N° 59/020, de 14 de febrero de 2020).
C.
Instrumentos de ordenamiento territorial
Diversos instrumentos de ordenamiento territorial establecen regulaciones que protegen
la fauna, aprobados en el marco de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008. A vía de ejemplo, por Decreto
Departamental 61/016 se aprobaron las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.
A vía de ejemplo, el art. 23 de las Directrices establece ciertas áreas a proteger, entre las cuales se encuentra: a) Proteger la diversidad de ambientes naturales del departamento, los cuales representan diferentes hábitats de numerosas especies
de fauna y flora, como
son los bañados, los montes
nativos, los palmares,
las sierras, arroyos,
ríos y lagunas.
14.
Conclusiones
En Uruguay la
protección de la fauna y la regulación de la caza aparecen reguladas desde hace muchos años. La Ley Nº 9481,
de 4 de julio de 1935, sigue siendo el marco
jurídico principal sobre el tema, reglamentada por sucesivos decretos. Si bien estas normas fueron
aprobadas antes de la aparición del propio Derecho
Ambiental, claramente hoy las
podríamos considerar como normas de conservación de la biodiversidad. Tal como es reconocido por la Estrategia Nacional
para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del Uruguay.
La Ley Nº 9481 fue reglamentada por el Decreto Nº 164/996,
de 2 de mayo de 1996. 85
Ambas normas constituyen las
principales normas en materia de protección de la fauna ante
los actos de caza. En Uruguay el acto de caza no comprende únicamente el hecho de dar muerte a un ejemplar de las
especies protegidas de la fauna silvestre. Es decir, aun cuando no se diere muerte a un animal, el hecho de acosar o
haber atrapado un animal constituye un acto de caza, pasible de ser sancionado con multa por el Ministerio de Ambiente.
El art. 2º del
Decreto Nº 164/996, define los distintos tipos de caza lícita: (i) caza deportiva (lit. b); (ii) caza o colecta
científica o con fines educativos (lit. c); (iii) caza de control
(lit. d); (iv) caza comercial
(lit. e); y (iv) libre caza (lit. f).
Según el artículo 4 del Decreto Nº 164/996, para realizar la práctica de las modalidades de caza deportiva, científica, comercial y de control,
los interesados deberán
obtener un “Permiso de Caza”. Las especies de libre caza no requieren
la tramitación de un permiso
de caza.
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86
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